Luis Rittiner el abogado de Ariel Malagueño, recientemente absuelto en la causa que investigó la desaparición del pequeño Maxi Sosa de Ceres, se refirió a la resolución dictada durante el miércoles por el Tribunal Oral Federal que desvinculó a su cliente del caso. La misma medida fue tomada con Patricia Sayago, abuela del menor y la cual también fue absuelta por el beneficio de la duda.
Rittiner, el defensor de Ariel Malagueño.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalAmbos quedaron desvinculados luego de haber pasado más de cuatro años en prisión preventiva por el delito de "sustracción de persona menor de diez años en concurso real con falsa denuncia" en una investigación que en principio se tramitó en la Fiscalía de San Cristóbal y luego pasó al fuero federal con sede en Rafaela.
En diálogo con Aire Digital, Rittiner destacó que en el fallo absolutorio "primaron dos valores fundamentales: la verdad y la justicia". En tanto, criticó el accionar de las autoridades judiciales y consideró que desde un principio "se tomaron malas medidas" en la investigación.
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"El trabajo del Tribunal Oral Federal fue impecable. En el contexto de un año tan difícil, pudieron acortar todos los tiempos para que se injertara y valoraran las garantías constitucionales", destacó. "Más de 60 testigos, conexiones, traslados de detenidos y pudieron adaptarse para que se haga justicia. Siempre deben primar la verdad y la justicia", agregó.
Si bien dejó en claro que desde que asumió la defensa de Malagueño no existían pruebas para inculparlo, en referencia a porqué se procesó a su cliente, aclaró que su momento debieron profundizar la investigación en la desaparición de Maxi y luego dedicarse a buscar culpables. "No sé si se tomaron malas medidas por falta de recursos o experiencia, pero nunca tuvieron pruebas para acusar", remarcó.
Rittiner comparó además la detención de su cliente con la del bioquímico Alfredo Sadonio, quien fue detenido por el crimen de Hugo Oldani sin pruebas certeras de su participación en el caso. "Así como en la causa Oldani se detuvo injustamente a Sadonio, acá sucedió lo mismo. Tuvieron la misma falta de criterio. Debían resolver la investigación y fueron por lo más rápido y cercano que es la abuela y su pareja", cuestionó.
"Muchos dormirían tranquilos si el fallo no se daba. No es lo ideal para un pueblo donde necesitan que se encuentre un culpable y poder dar explicaciones, pero en este caso no había responsables por la desaparición de Maxi", destacó, y aseguró que Daniela Sosa, la mamá del menor, relató que la responsabilidad en crianza del pequeño siempre fue compartida por los familiares maternos, quienes jamás atentarían contra su vida. Además afirmó que Sayago cumplía el rol de madre con su nieto y se ocupaba de satisfacer sus necesidades, así como de cuidarlo.
El letrado aseveró por otro lado que la desaparición de Maxi está lejos de esclarecerse. "No se tomaron los caminos correctos en la investigación y eso quedó claro cuando absolvieron a Malagueño por falta de pruebas por parte del fiscal". "Hubo dos líneas investigativas claras, con pistas solidas, que fueron abortadas" y consideró que las pruebas apartadas complican que se pueda saber la verdad.
El caso
Maximiliano Javier Sosa desapareció en la localidad de Ceres cuando tenía 3 años. La última vez que se lo vio fue el 21 de diciembre de 2015 cuando se encontraba al cuidado de su abuela, y su madre estaba en el hospital internada.
En el marco de la investigación, la fiscalía acusó a Patricia Sayago, la abuela, y su pareja de haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de la mamá. Los dos habrían retenido y ocultado al menor en una vivienda que tenían en la localidad de Colonia Montefiore.
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Emilce Fisore, en conjunto con agentes de la Dirección de Trata de Personas de la provincia, reunieron una serie de elementos que comprometían a la pareja. Pero ante la sospecha del delito de trata de personas, Fissore pidió que se la considere una causa federal, por lo que el 7 de junio de 2018 se ordenó la radicación en el Juzgado Federal de Rafaela.
En julio de 2019, un año después el entonces fiscal subrogante, Federico Grimm, buscó declarar una nueva incompetencia en el caso y el juez Abasolo, actualmente jubilado, hizo lugar. Sin embargo, ese planteo fue apelado por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, por lo que tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Dos meses después, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abasolo y ordenó que la causa siga en el juzgado rafaelino.
En medio de esos planteos, el Ministerio Público Fiscal dispuso que Javier Arzubi Calvo quede a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, por lo que la causa cobró un nuevo impulso y terminó en el procesamiento de Sayago y Malagueño. Un año después, se hizo cargo de la Fiscalía, Gustavo Onel, el cual dispuso la clausura de la investigación y elevó la causa a juicio.
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