Caso Maros Turismo: las querellas reclaman condenas para todas las acusadas por estafas reiteradas
Los abogados que representan a los damnificados en el caso Maros Turismo sostuvieron este jueves el pedido de condena para todas las acusadas por estafas.
El 3 de enero de 2017 clientes de Maros Turismo fueron hasta la empresa y se enteraron que sus viajes no iban a realizarse.
El juicio oral y público por la causa Maros Turismo, que investigó por estafas reiteradas a una agencia de viajes de Santa Fe, tuvo este jueves los alegatos de clausura de los abogados querellantes, que representan a unas 60 personas damnificadas por las maniobras.
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Los cuatro querellantes, Celeste Roa Hertelendi, en representación de 24 víctimas; Clyde Balbina Cavalieri por 17; Luis Federico Hilbert y Lago Marcelino que representan a 14 damnificados; y César Andrés Rojas por 13, sostuvieron el pedido de condena para las cuatro acusadas, a diferencia de la Fiscalía que desistió de la acusación contra la idónea Ivana Álvarez Flores.
El debate comenzó en abril, en los tribunales de Santa Fe, ante los jueces Celeste Minitti, Pablo Spekuljak y Pablo Busaniche; y en el banquillo de los acusados, además de Álvarez Flores, están Marcela Arevalo, la entonces dueña de la empresa, su madre Ana Felice y la empleada Lucila García.
Tras los alegatos de la querella, comenzaron los alegatos defensivos que continuarán el viernes. Es posible que el lunes tengan lugar las posibles replicas por lo que aún se desconoce cuándo será el veredicto de los jueces.
Estafas reiteradas
En los alegatos realizados este jueves, las querellas sostuvieron que los hechos no constituyeron un negocio fallido, sino "una maniobra defraudatoria reiterada, deliberada y sostenida en el tiempo con una metodología clara: generar confianza, aparentar solvencia y desviar los fondos de los clientes para fines ajenos a los contratados".
Para sostener esto, alegaron que el "Concurso Preventivo" fue en realidad una coartada y puesta en escena de las acusadas; el concurso fue presentado el 29 de diciembre de 2016, y según el alegato de las querellantes, no era a fin de sanear la empresa (la cual carecía de activos y contabilidad real), sino como una fachada para simular que "daban la cara" ante el inminente colapso. Las querellas cuestionaron que se mantuvo en secreto para seguir cobrando a nuevas víctimas hasta el 2 de enero de 2017.
Para sostener la acusación contra Álvarez Flores, las querellas explicaron que Maros Turismo no podía operar ni contar con la habilitación del Ministerio de Turismo sin la firma de una idónea: si bien ella no vendió viajes, "vendió la licencia" que hizo posible la estafa, remarcaron en los alegatos.
Además, las querellas sostuvieron que Álvarez Flores omitió de manera deliberada y voluntaria controlar el funcionamiento de la agencia "para seguir cobrando sin cumplir su función técnica": en octubre de 2016 abrió su propia agencia de viajes pero accedió al pedido de Arévalo de mantener su firma habilitante en Maros durante la temporada alta, tramo en el que se captó la mayor masa de fondos que nunca se aplicó a viajes, precisaron las querellas.
Finalmente, en enero de 2017, la idónea tomó un crédito de $276.000 para pagar y recontratar de forma urgente los viajes de su sobrina y dos amigas a Disney. Las querellas señalan que este acto constituye la admisión más clara de su posición de garante, cuestionando por qué se sintió responsable ante su entorno familiar pero ignoró y no advirtió a las restantes cien víctimas.
En cuanto a la maniobra, las querellas repasaron cómo era la operatoria que realizaba la firma: utilizaban los datos de las tarjetas de crédito de los clientes para pagar viajes de terceros. Para lograr esto, se confeccionaba documentación con firmas falsificadas en las cartas de responsabilidad requeridas por los operadores mayoristas; esta maniobra fue corroborada por peritajes caligráficos oficiales que detectaron firmas apócrifas en al menos doce damnificados, remarcaron las querellas.
El alegato de las querellas también repasó la declaración que dio en el juicio Miguel Correa, condenado en la causa en 2019 mediante un juicio abreviado; las querellas destacaron que toda su declaración fue corroborada por prueba independiente, como pericias telefónicas, contables, caligráficas y testimonios de operadores mayoristas.
Correa hizo referencia en su declaración al manejo del dinero, a los reclamos permanentes de los clientes, a una advertencia que le realizó a Arévalo acerca de falsificar documentación, al uso de las tarjetas y las firmas falsas y a los reclamos de los mayoristas, entre otros detalles.
La pericia contable determinó que el perjuicio económico directo ascendió a 383.238 dólares y 6.141.203,67 pesos durante el período investigado, afectando de manera directa a 87 acreedores denunciados (que ascienden a unas 122 personas considerando los grupos familiares).
Los alegatos enfatizan que la gravedad de los hechos excede lo económico, afectando la salud y destruyendo los sueños de familias enteras (jubilaciones, viajes de quinceañeras). Se detallaron situaciones extremas de familias y menores que quedaron completamente varados en aeropuertos y terminales de ómnibus en el extranjero sin hoteles ni servicios contratados.
Las penas solicitadas
Marcela Arévalo: 9 años de prisión como coautora de estafas reiteradas en concurso real e ideal con falsificación de instrumento privado; se la considera la autora principal y cerebro del diseño del plan.
Lucila García: 4 años de prisión, por considerarla partícipe principal de las estafas, al valorar a su favor factores de edad y vulnerabilidad familiar, pero agravado por su rol en las falsificaciones de firmas.
Ana Felice: 3 años de prisión de ejecución en firme bajo modalidad domiciliaria debido a su avanzada edad, por ser la titular registral y de las cuentas donde se desviaban los fondos, por considerarla coautora de las estafas.
Ivana Álvarez Flores 3 años de prisión de ejecución efectiva por su rol como garante técnica indispensable de la habilitación comercial, y como partícipe principal de las estafas.
Cronología del caso Maros Turismo
- La "causa Maros” se inició en 2017 cuando un grupo de clientes de la firma denunciaron haber sido estafados con la compra de viajes al exterior. De hecho, en ese entonces, un grupo de turistas, que habían viajado a México con la empresa, estuvieron varados en ese país ya que la empresa no había tramitado el alojamiento del hotel y tampoco el vuelo de retorno a la Argentina.
- En ese entonces, el proceso judicial se inició a partir de una causa judicial que estuvo a cargo de los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo, los cuales ordenaron en su momento la detención Arevalo, Ana Felice, Jorge Correa y García. Los cuatro quedaron en prisión preventiva en ese entonces por varios meses. Posteriormente recuperaron la libertad en distintos tramos del proceso. Mientras que Álvarez Flores fue en paralelo imputada como participe de la maniobra.
- Al año siguiente, Correa aceptó un juicio abreviado que le permitió salir de la prisión. El resto de las mujeres, en tanto esperaron el juicio en libertad. En 2020, se hizo la audiencia preliminar de debate y finalmente este año, a más de 9 años de surgir el caso, el legajo judicial llegó a juicio.
