En la causa conocida como Caso M, el juez de la Cámara de Apelaciones Jorge Andrés confirmó la resolución que dispuso mantener la prisión preventiva de Jorge Ulises Pereyra, el transportista escolar acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina durante varios años. Pereyra es asistido por el defensor particular Diego Lorefice, quien solicitó revocar la medida y liberar a su cliente bajo medidas alternativas.
El MPA estuvo representado en la audiencia por el fiscal de Cámara Jorge Nessier, quien reclamó confirmar la medida cautelar, al igual que la abogada querellante, Carolina Walker Torres. El fallo del camarista, al que tuvo acceso AIRE, destaca que aún existen los riesgos procesales y que la medida de prisión preventiva es acorde al estado de la causa. Está previsto que el juicio oral se realice en mayo de 2023.
Proporcional y razonable
Andrés consideró que es correcta la decisión tomada por el juez de baja instancia que dispuso mantener la prisión preventiva. El camarista destacó que “en primer lugar, debemos consignar que no se advierte que se hayan vencido los plazos máximos previstos para la prisión preventiva”.
Además, el fallo de la Cámara destaca “la gravedad y las características del hecho, donde víctima y victimario poseen una relación prolongada en el tiempo, con un profundo conocimiento de sus horarios, domicilios y conformación familiar, y donde se habrían verificado amenazas que permitieron someter a la denunciante, se encuentran vigentes los riesgos procesales”.
Para el juez de la Alzada, liberar al acusado “importaría sembrar temor y dudas en quienes deben declarar en el juicio”; la resolución avala también lo analizado por el juez de baja instancia, quien ha señalado que el tiempo que lleva detenido Pereyra “es proporcional con la expectativa de pena que surge de la pretensión fiscal, de 20 años de prisión efectiva”; remarca Andrés que “el Estado ha tenido una actitud persecutoria clara, dirigida a promover la acción contra Jorge Ulises Pereyra”.
En resumen, Andrés analizó que ya que aún se mantienen los plazos legales que habilitan la prisión preventiva, que se mantiene el riesgo de fuga y de entorpecer la causa, y además, es una medida “proporcional y razonable” a la pena que será reclamada en el juicio, corresponde mantener la prisión preventiva del acusado.
Por último, el juez de la Cámara de Apelaciones sostuvo que lo que los planteos expuestos por la Defensa de Pereyra “conforma una reedición de debates ya celebrados, donde diversos magistrados han dictado resoluciones que se encuentran firmes”.
En cuanto a la incorporación de nueva evidencia tan solo se refiere a una parte de la acusación: “de esta manera, aún admitiendo la hipótesis defensiva, tan solo se modificaría un aspecto de la plataforma fáctica, pero quedarían subsistente los hechos restantes”, analizó el camarista. Además, los acusadores manifestaron que esa nueva evidencia ya fue debatida en la audiencia preliminar y finalmente fue desechada, por lo que no formará parte del debate, “con lo cual no tiene nada de nuevo o novedosa la evidencia que hoy se trae a consideración”, entendió el juez.
Caso M: el duro relato de una joven que denuncia que su tío la violó durante ocho años
En septiembre de 2020, una joven de San José del Rincón denunció a su tío político –el esposo de su tía– por abusos sexuales que se cometieron a partir de los seis años y hasta los 16 años, según el testimonio que dio en la Justicia. El jueves 8 de julio, Jorge Ulises Pereyra fue imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda y en concurso ideal por corrupción de menores y un día después quedó en prisión preventiva a pedido del fiscal Olcese.
En una entrevista con Ahora Vengo, en Aire de Santa Fe, la víctima, que pidió ser identificada con la sigla M y ahora tiene 29 años, contó el infierno que atravesó entre los seis y los 16 años, y las dificultades que tuvo para denunciar lo que había sucedido -por las amenazas y presiones de su tío- hasta el año pasado, cuando pudo concretar la denuncia en la Comisaría de la Mujer.
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