La denuncia que destapó los manejos irregulares de los fondos de los ahorristas de Bolsafé Valores S.A. cumplió ayer siete años. Uno de los abogados querellantes, Enrique Müller, realizó duros cuestionamientos al accionar de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y se refirió a una supuesta influencia del Banco de Galicia para demorar aún más el proceso.
El letrado recordó que hace un año se requirió el llamado a indagatoria de los integrantes del Mercado de Valores del Litoral, quienes junto al Banco de Galicia, Bolsafé Valores y Valfinsa S.A. habrían contribuido para concretar las maniobras delictivas atribuidas al contador Mario Rossini y compañía.
“Nos llama poderosamente la atención que pasado un año de la requisitoria no se haya llamado a indagatoria todavía a los integrantes de Mercado de Valores del Litoral, que ya a estas alturas se tendría que haber definido todo”, precisó Müller.
A continuación, el querellante criticó duramente la actuación en la causa de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario: “nos deja un sabor amargo como operadores del sistema, pareciera que están siendo manipulados por el poder económico que ejerce el Banco de Galicia”, expresó.
La crítica del querellante se basa en los cambios de fechas por los que ha pasado la audiencia de apelación de los procesamientos de los funcionarios del Banco de Galicia involucrados en el proceso: “de tener fechas fijadas para que se definiera la cuestión del procesamiento, se habían fijado fechas para el 25 de noviembre de este año, y no sabemos la razón jurídica por la que se suspendió y se pasó para el 26 de diciembre, después por un pedido de las defensas de los imputados del Banco de Galicia se retrocedió al 13 de diciembre y por un nuevo pedido de la defensa ahora pasamos al 10 de febrero de 2020”, detalló.
En agosto de este año tres agentes de la sucursal del Banco Galicia de Santa Fe habían sido procesados por el juez federal N° 2, Francisco Miño, en el marco del segundo tramo de la causa Bolsafe Valores S.A. que investiga el delito de lavado de activos por parte de sus directivos. Se trata de Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, quienes oficiaban como oficial de empresas de la entidad bancaria y Silvio Ariel Gómez, el cual se desempeñaba como gerente de la sucursal que se encuentra bajo la lupa de la Justicia desde hace al menos cuatro años.
Estos tres ejecutivos bancarios ya habían sido procesados por el mismo magistrado pero mediante un fallo de la Sala “B” de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario -que llevaba la firma de los jueces José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal- revocó la medida judicial y dictó, en diciembre del 2015, la “falta merito” por falta de pruebas. En consecuencia de ello, los querellantes de la causa, Carlos Reyna, Leandro Corti y Enrique Müller, incorporaron una serie de nuevos documentos que permitieron al juez Miño volver sostener el estado de sospecha sobre los miembros de la entidad bancaria.
Las defensas de los procesados apelaron la resolución y Müller calificó la reprogramación de la fecha para la realización de la audiencia en la Cámara como un “manoseo” al que están siendo sometidos tanto los letrados como las víctimas de la causa: “pareciera que el gobierno del proceso lo sigue teniendo el Banco de Galicia”, expresó.
En relación a los argumentos de la Cámara, el letrado manifestó que “se escuda en que es un problema de organigrama de audiencias de la propia cámara, que creemos que no es así porque nosotros tenemos la posibilidad de informar por escrito y alegar por escrito, que es la opción que habíamos tomado, entonces no teníamos necesidad de concurrir a las audiencias, pero evidentemente ha habido una manipulación del banco de Galicia para que se alongue en esta causa que nos va a llevar la vida, y se ha llevado la vida de un montón de damnificados”, concluyó.
Audio ► La palabra de Enrique Müller en conferencia de prensa
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