domingo 10 de octubre de 2021
Policiales Abogados | Santa Fe |

Cancelaron la matrícula de un abogado santafesino condenado por usurpaciones

Se trata de un letrado de 47 años el cual acordó una pena de tres años de prisión condicional por haber sido parte de una asociación ilícita que usurpaba propiedades en Santa Fe y la región.

El Colegio de Abogados de Santa Fe resolvió cancelar la matrícula de un abogado del fuero penal que recientemente fue condenado a tres años de prisión condicional por una causa que desbarató a una organización que usurpaba viviendas para acopiar armas y drogas. Se trata del penalista, Iván Leguiza, quien acordó una pena, mediante un juicio abreviado, en donde aceptó de haber sido parte de una “asociación ilícita” (como miembro), “encubrimiento” y coautor de “usurpación” y “cohecho activo”.

La reciente resolución ordenó una inhabilitación especial para ejercer la abogacía por un plazo de dos años. Además, le impuso una multa y costas por $84.500 y U$S 1.000. En tanto, ofició a la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Santa Fe y la Caja Forense de Santa Fe.

El Colegio también informó la situación a la Corte Suprema de Justicia para que retire de la lista de Conjueces a Leguiza. Vale recordar, que el abogado supo desempeñarse como conjuez el 22 de diciembre del 2017 en el marco de la causa que investigó a un matrimonio y su hijo por un abuso intrafamiliar que tuvo lugar en Esperanza y que en la opinión pública fue conocido como el “caso Baraldo”. En ese entonces, Leguiza fue parte del tribunal, junto con los jueces Octavio Silva y Jorge Pegassano, que excarceló por estar vencido el plazo de la prisión preventiva a Víctor Hugo Baraldo, Nidia Morandini, ambos pareja, y Juan Pablo Baraldo, el hijo del matrimonio.

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Iván Leguiza, el día que fue parte de un tribunal.

Iván Leguiza, el día que fue parte de un tribunal.

Tal resolución causó un fuerte cimbronazo en el subsuelo de tribunales ya la madre del joven que fue víctima, al enterarse de la resolución tomó un celular y lo arrojó al sector en donde se encontraban sentados los jueces.

La reciente cancelación de la matrícula le pone un receso a la labor de Leguiza que se encuentra inscripto en el Colegio de Abogados desde el 29 de noviembre del 2002 cuando comenzó a litigar. Ligado siempre al fuero penal, el abogado formó parte de la fauna judicial que circula diariamente por el subsuelo de tribunales. Incluso, siempre se destacó por prestarse al diálogo en los pasillos y recomendar algún libro sobre organizaciones criminales que operaban en el exterior o comentar algún viejo caso del hampa local.

La debacle

Sin embargo, tras 19 años de ejercer la profesión, la carrera de Leguiza desbarrancó cuando el pasado 2 de junio agentes de Asuntos Internos irrumpieron en su domicilio y con esposas en mano lo subieron al patrullero. Tal procedimiento fue en el marco de una causa judicial que encabezaron las fiscales del área de Delitos Complejos, Laura Urquiza, Mariela Jiménez y Bárbara Ilera, que seguían los pasos de una organización que usurpaba viviendas con el objetivo de sacar dinero o acopiar drogas y armas.

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Por la causa de las usurpaciones, los investigadores encontraron armas y hasta 191 kilos de marihuana escondidos en una vivienda que era parte de la banda.

Por la causa de las usurpaciones, los investigadores encontraron armas y hasta 191 kilos de marihuana escondidos en una vivienda que era parte de la banda.

El abogado permaneció detenido hasta el 9 de junio cuando en una audiencia de medidas cautelares, sus abogados defensores, Nicolás Torres Del Sel y Natalia Giordano, acordaron con la Fiscalía excarcelar a Leguiza tras el acuerdo de un juicio abreviado.

Finalmente, en el mes de agosto, el abogado terminó sentándose en el banquillo de los acusados y acordó una pena de tres años de prisión y multas económicas en una audiencia que tuvo lugar en sala 2 de tribunales.

Celular robado

No pasó mucho para que el nombre de Leguiza volviera a figurar en un nuevo legajo judicial tramitado en el Ministerio Público de la Acusación. Es que el pasado 15 de septiembre denunció que su teléfono fue robado y que quien se lo sustrajo le exigió $20.000 para devolvérselo.

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El caso recayó en Delitos Complejos por lo que un día después la Agencia de Investigación Criminal realizó un allanamiento en una vivienda en donde residían las dos mujeres que le exigían al abogado pagar el dinero para recuperar el teléfono.

Se trata de Leila Natalia C. y María de las Mercedes C., quienes fueron imputadas ante la jueza Susana Luna por hurto, extorsión en grado de tentativa y maltrato animal ya en la propiedad había un criadero de animales con perros, gatos y aves exóticas.