Los procedimientos fueron realizados a partir de una causa que impulsa el fiscal Walter Rodríguez (bajo el viejo sistema procesal federal) y los cuales fueron autorizados por el juez federal Aurelio Cuello Murúa.
Parte de los allanamientos tuvieron lugar en la ciudad de Santa Fe en 1° de Mayo al 1600; Neuquén al 5400; J.J.Paso al 3800; una cochera de un edificio en 4 de Enero al 2700; Crespo al 3500; Diagonal Martínez al 2900; San José al 6600; 4 de Enero al 3700; un departamento del monoblock 9 del barrio Las Flores; Doldán al 6700.
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También fueron allanados dos casas de la avenida Richieri al 2600 y 2700 de Santo Tomé; y tres inmuebles ubicados en la comuna de Arroyo Leyes.
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Los investigadores de la PFA también fueron hasta un edificio de Crespo al 3500 para inspeccionar una cochera.
La investigación tiene como principal apuntado el prestamista Adrián Claudio B., actualmente procesado y a la espera de ser juzgado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por tenencia de estupefacientes tras ser detenido el 17 de agosto del 2023 con 414 gramos de cocaína en su casa de Arroyo Leyes.
Casas y autos
Según la investigación, el investigado habría puesto en circulación, de manera habitual, entre mediados del 2020 y el día de su detención, activos provenientes de la distribución y comercialización de estupefacientes, en las modalidades de conversión respecto de quince inmuebles y once vehículos.
Dichos autos, son dos Toyota Hilux; una Volkswagen Surán 1.6; Volkswagen Bora; Audi S4; Volkswagen Fox Sportline; dos camionetas Ford F-100; un Chevrolet Corsa Citi 1.0; Renault Kango; Volkswagen Gol 1.6 y una Moto Zanella RX 150. Mientras que las propiedades investigadas, son las que este miércoles el personal de la Policía Federal allanó en simultáneo y secuestró documental relevante para la causa.
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Agentes de la PFA en uno de los domicilios allanados.
Para la Fiscalía, el santafesino además se valió de “prestanombres” de su entorno familiar para lograr las operaciones inmobiliarias y del rubro automotor.
A su vez, quedó bajo la lupa de los investigadores el rol de un escribano público que según la causa suministró asesoramiento profesional y prestó los servicios notariales necesarios para que el prestamista efectúe las maniobras de lavado.
