Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanaron este jueves una de las propiedades del ex piloto de fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri, bajo la sospecha de que el excorredor podría estar involucrado en maniobras de lavado de dinero a favor de Leonardo Peiti, el empresario arrepentido que manejaba el juego clandestino en el sur de Santa Fe.
Allanaron en la mañana de este jueves la casa del expiloto argentino de automovilismo Oscar Rubén Larrauri.
El allanamiento se produjo en una mansión de grandes dimensiones en el golf de un country de Fisherton, en el oeste de Rosario, donde tiene una de las residencias Larrauri. Este operativo es un nuevo eslabón de la investigación que llevan adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que a principios de diciembre pasado allanaron oficinas de un estudio jurídico contable vinculado a Peiti, en pleno centro de Rosario.
La información que se llevaron los investigadores de ese estudio, según apuntaron las fuentes judiciales, fue clave para avanzar sobre Larrauri, que está sospechado de realizar compras de inmuebles y rodados de alto valor con dinero que provendría del juego ilegal.
Ahora, la documentación que se encontró en los allanamientos será analizada por el Organismo de Investigaciones y la Unidad de Criminalidad Organizada de Rosario. La lupa está puesta en la compra de decenas de lotes en localidades cercanas a Rosario que habría realizado el expiloto y que estarían en poder de Peiti, según apuntaron fuentes del OI.
Uno de los objetivos en esta causa es seguir la ruta del dinero que provendría del juego clandestino. En ese punto los fiscales analizan documentación que surgió de los allanamientos de diciembre pasado para hallar los posibles nexos en materia de lavado de dinero.
En agosto pasado fueron detenidos dos fiscales acusados de cobrar coimas de Peiti. El jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal está preso actualmente en la cárcel de Piñero, a unos 20 kilómetros de Rosario, y fue sometido a una junta médica luego de solicitar la detención domiciliaria por cuestiones de salud. Gustavo Ponce Asahad, el otro fiscal, está detenido en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y fue quien en noviembre pasado declaró que el nexo entre la Justicia y el empresario era el senador peronista Armando Traferri.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron el desafuero de este legislador oriundo de San Lorenzo pero el Senado rechazó retirarle los fueros, al considerar que las evidencias contra Traferri eran débiles. El senador acusó al ministro de Seguridad Marcelo Sain de estar detrás de “una maniobra” política para perjudicarlo.
Cómo sigue el caso tras el allanamiento a Larrauri
Fuentes judiciales señalaron que Larrauri tiene una vieja amistad con Leonardo Peiti en la zona de San Lorenzo, donde el expiloto tiene parte de sus empresas frigoríficas. Larrauri incursionó en política y en 2001 fue electo concejal de Rosario por el Partido Justicialista, cargo que ocupó hasta 2005.
Es probable que Larrauri sea sometido a una audiencia imputativa durante los próximos días cuando se termine de establecer el rol del expiloto de Fórmula 1 en este entramado encabezado por el empresario que dominaba el negocio del juego clandestino.
Según los fiscales Peiti “era el encargado de seleccionar el personal a su cargo, ordenar la organización del negocio ilegal, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego, recolectar el dinero producido, invertirlo y ocultarlo de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal ”.
El rol del exfiscal Serjal “fue el organizador de la cobertura judicial y abusando de su cargo dio directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad de Peiti en causas vinculadas al juego ilegal”. Y la función del senador Traferri en la asociación ilícita era la de “asegurar a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos mientras él tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino”.
“Gracias a la entrega de dádivas a funcionarios públicos, Peiti tuvo acceso a información reservada sobre posibles allanamientos que se llevarían a cabo en su contra en diciembre de 2018”, apuntaron. Ahora, el nuevo eslabón que aparece en esta causa, que provocó un fuerte impacto político, es el de empresarios que participarían de operaciones de lavado de activos.
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