martes 26 de mayo de 2020
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Advierten sobre más de 30 casos de maltrato policial en barrios populosos de Rosario

Según el relevamiento la Policía Motorizada y el Comando Radioeléctrico fueron los que mayoritariamente participaron de esas intervenciones.

En los dos meses que ya ha transcurrido el aislamiento social obligatorio, distintos organismos sociales alertaron sobre más de 30 casos de conductas de abuso de autoridad de la policía de Santa Fe en barrios de Rosario y en perjuicio de ciudadanos humildes en condición de calle. La Cámara de Diputados elevó un pedido para que el Poder Ejecutivo informe qué criterio adopta para investigar los hechos relevados. Desde el Ministerio de Seguridad garantizan que se monitorea esta situación desde el Organismo de Control Policial.

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La pandemia del coronavirus genera diferenciación en los controles del aislamiento, y aunque resultó efectivo en muchas situaciones, también marcó una clara discrecionalidad en otros. Detenciones arbitrarias, apremios, allanamientos ilegales, trato cruel, inhumano o degradante, son algunas de las formas de violencia institucional que denunciaron públicamente agrupaciones sociales, políticas y organismo de Derechos Humanos de Rosario, y de las cuales incluso se hicieron eco en el Concejo Municipal.

La mayoría de los casos se dieron paradójicamente en barrios humildes o de la periferia de la ciudad, como Los Pumitas, Empalme Graneros, Godoy, Parque Casas, Ludueña, República de la Sexta y Tablada, pero también en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Rosario y en el microcentro, donde pasan la noches y los días las personas en situación de calle. Trabajadores obligados a salir a la calle para buscar sustento o algunos que se trasladaban a pocas cuadras de su casa, muchos de ellos fueron objeto de malos tratos y abuso de poder.

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Lejos del centro y del control social

Según el relevamiento la Policía Motorizada y el Comando Radioeléctrico fueron los que mayoritariamente participaron de esas intervenciones, algunas consideradas “de rutina”, generalmente en vía pública, o bajo la formalidad de controles de la cuarentena. Es que en el centro o las principales avenidas de la ciudad, donde la policía está a la vista y bajo la mirada ciudadana, los modales son respetuosos ante peatones o automovilistas. Sin embargo, ese trato se desdibuja más allá de las luces de los bulevares de Rosario.

Cabe recordar que a partir de reiteradas detenciones de personas en situación de calle que por razones obvias no podían establecer un centro de vida para cumplir con el aislamiento, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) presentó el 14 de abril un hábeas corpus preventivo y colectivo a favor de esos ciudadanos.

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Ese empoderamiento policial en algunas zonas de Rosario fue advertido por organizaciones sociales y políticas como la Fundación el Sol Sale Para Todos, Causa Puentes, la agrupación política Ciudad Futura, la organización social La Poderosa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y la concejala socialista Susana Rueda.

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De la problemática se hizo eco el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, quien hace unos días presentó un proyecto de comunicación a través del cual solicita que la Cámara de Diputados de la provincia eleve un pedido al Poder Ejecutivo para que informe las medidas que adoptó y los criterios en relación a las denuncias.

“La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe en relación con los sucesos vinculados a diversas intervenciones de las fuerzas policiales de Santa Fe, en las que distintos organismos de Rosario denunciaron más de treinta hechos de violencia institucional”, remarca Del Frade en el documento que elevó al cuerpo legislativo.

Entre otros puntos requiere al Ministerio de Seguridad que indique si ha instruido a las fuerzas policiales a “respetar los derechos humanos de las/os ciudadanos en el marco de las intervenciones desplegadas, especialmente a partir del establecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Y si en el caso de que hayan tomando conocimiento de las denuncias, que las autoridades indiquen las medidas investigativas que adoptaron para deslindar responsabilidades. Y que de ser así, se den a conocer los resultados parciales que lograron hasta el momento.

Susana Rueda on Twitter

En relación al recurso de hábeas corpus presentado por la Defensa Penal, Del Frade también pretende que el Ejecutivo provincial rinda cuentas sobre el monitoreo de la flamante área de Control Policial (ex Asuntos Internos) para revertir las prácticas sistemáticas de algunos policías en esa circunstancias.

El diputado argumenta su requerimiento tras recordar que desde el 20 de marzo cuando el gobierno nacional estableció la cuarentena obligatoria, tomó conocimiento de “más de 30 hechos que dan cuenta de actuaciones violentas y abusivas por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y evidencian flagrantes violaciones a los Derechos Humanos”.

Instruirlos para la paz

Del Frade resalta que “desde la recuperación de la democracia han habido muy pocos avances en cuanto a la internalización por parte de las fuerzas de seguridad de las normas que obligan a los agentes a respetar los derechos humanos”. Entiende que si bien hay un sector de la sociedad enrolado en ideologías vinculadas al populismo punitivo, "sólo las fuerzas de seguridad apegadas a los derechos humanos y alejadas de conductas ilícitas pueden contribuir a la paz de la población".

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Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular

Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular

Y remarca la importancia institucional y política de instruir a las fuerzas en el respeto por los Derechos Humanos, como lo establece la ley Nacional 26.811, que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad.

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Sobran los ejemplos

Al poner ejemplos del accionar policial altamente cuestionable que configuraron casos de flagrante violencia institucional en Rosario, el diputado hace un raconto de homicidios o muertes donde tuvieron participación: Franco Casco (19 policías procesados); “Pichón” Escobar (policías de la comisaría 3º procesados), Maximiliano Zamudio, Jonatan Herrera (Policía de Acción Táctica condenados), Brandon Cardozo (policía de brigada motorizada condenado).

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Aunque es muy reciente y está en plena etapa investigativa, a esa lista se puede sumar la muerte dudosa de Carlos Orellano, el joven de 23 años que el febrero pasado apareció flotando en el río tras asistir a una boliche de la Estación Fluvial. En la causa, hay dos policías bajo investigación. “Los hechos sobre los cuales se solicita informes constituyen prácticas que resulta imprescindible erradicar para prevenir sucesos lamentables como los mencionados”, advierten el diputado.

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Desde 2014 cuando se puso en marcha el sistema penal oral acusatorio la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la investigar denuncias contra policías involucrados en distintos hechos de incumplimiento de sus deberes, sólo contaba con Karina Bartocci como única fiscal a cargo.

Multisectorial Contra La Violencia Institucional on Twitter

Así funcionó durante cinco años, con escasos recursos y una funcionaria que debía hacer frente a cientos trámites: imputaciones, medidas, revisión de cautelares, juicios orales, muchos de ellos de sensibles muertes por gatillo fácil, como los citados más arriba. Incluso fue objeto de marchas en su contra.

La falencia operativa y el enorme colapso de legajos en esa vital repartición que debe investigar a los uniformados quedó a la vista a mediados del año pasado con una auditoría. Desde hace unos meses la Fiscalía Regional corrió a Bartocci (designada en la Oficina de Ejecución Penal) y designó al fiscal Gonzalo Fernández Bussy como titular, aunque también está a cargo de las causas del sistema conclusional (expedientes escritos del viejo sistema). Lo concreto es que Violencia Institucional sigue con un solo fiscal.

“No lo negamos, pero estamos encima”

En relación a los controles que impone el Ministerio de Seguridad de la provincia sobre la la policía, el titular de la secretaría de Seguridad de Santa Fe, Germán Montenegro, recordó que “paralelamente a los operativos policiales, desplegamos los empleados de la ex Asuntos Internos, que hoy funciona dentro del sistema policial como una agencia separada de la policía, que antes dependía del jefe de la policía. Esos funcionarios están permanentemente controlando y ante cualquier situación de denuncia de abuso o de arbitrariedad de parte del personal policial de prevención, se produce la intervención”.

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Germán Montenegro, secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe

Germán Montenegro, secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe

El funcionario admitió que los hechos de abusos se dan y existen. “No lo negamos, pueden ocurrir y ocurren, tienen que ver con la masividad de la presencia policial, y de la gente que está en la calle y comenzó a salir. El dispositivo de la ex Asuntos Internos que hemos desplegado está atendiendo estas situaciones, y nosotros creemos que pueden ocurrir cosas, pero son atendidas. Cuando es denunciado, se interviene y se toman las medidas que correspondan, esto no pasa desapercibido”.

Algunos de los casos

■ Los días 21, 23, 24 y 28 de marzo, el 2, 6, 9 y 11 de abril se produjeron detenciones arbitrarias de la policía de Santa Fe (sin informes) advertidas por amparos de Servicio Público de la Defensa Penal. Varios hechos ocurrieron en la Terminal de Ómnibus por vejaciones y apremios. También por hostigamiento y amenazas reiteradas por parte de la Policía Motorizada

■ 28 de marzo a las 11 en el barrio Los Pumitas La Poderosa denuncia una detención arbitraria, apremios ilegales y vejaciones del Comando Radioeléctrico

■ El 24 de marzo a las 23.20 la Fundación “El sol Sale para todos” informó sobre una detención arbitraria en barrio Ludueña a cargo del Comando Radioeléctrico.

■ 1º de abril a las 22 en Empalme Graneros La Poderosa denunció apremios y trato cruel, inhumano o degradante del Comando Radioeléctrico.

■ 6 de abril a las 10 en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno Servicio Público de la Defensa Penal interpuso recurso por pedido de La Poderosa en detención arbitraria, apremios y vejaciones de la Policía Motorizada.

■ 7 de abril a las 10 en el microcentro de la ciudad La Poderosa denunció detención arbitraria, apremios y vejaciones del Centro Comando Radioeléctrico.

■ El 8 de abril la concejala socialista Susana Rueda denunció un hecho de abuso de autoridad, apremios y vejaciones en el barrio Las Flores en un procedimiento de la policía santafesina.

■ El 11 de abril a las 20 también la agrupación política Ciudad Futura denunció una detención arbitraria, apremios y vejaciones en el barrio República de la Sexta por parte de la Policía de Santa Fe.

■ El 20 de abril la agrupación Unidos por la Juventudes denunció una detención arbitraria, apremios y vejaciones en el barrio Nuevo Alberdi.

■ El 20 de abril se denunció un allanamiento ilegal, detención arbitraria, apremios y amenazas en un hecho que está atribuido a efectivos de la Policía Federal, pero donde también participaron efectivos de la comisaría N° 12.

■ El 24 y 27 de marzo y el 3 de abril se denunciaron detenciones arbitrarias, apremios y robo de pertenencias en Empalme Graneros donde actuó el Comando Radioeléctrico. También se negó información en la comisaría Nº 12 por uno de esos hechos.

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