Miguel Angel R. quedó en prisión preventiva este lunes imputado por abuso sexual; su abogado defensor pidió celeridad en dos pruebas claves en el caso
El embarazo de la menor fue advertido en el Samco de Recreo
La causa que investiga el abuso sexual que devino en el embarazo de una niña de 11 años en Recreo tiene pendientes dos pruebas fundamentales: el cotejo de ADN con el imputado, y la entrevista de la menor en Cámara Gesell. Este lunes, el abogado defensor Iván Carrión solicitó que estas dos medidas se realicen a la brevedad.
El requerimiento del abogado se dio en el marco de la audiencia en la que se acordó la prisión preventiva del imputado, un hombre de 41 años identificado como Miguel Angel R. (el apellido se preserva para proteger a la menor), que ya cuenta con graves antecedentes condenatorios vinculados a delitos sexuales.
Los fiscales de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala y Roberto Olcese sostuvieron el pedido de prisión y expusieron la evidencia que se logró colectar en los pocos días que lleva la investigación. La jueza Susana Luna avaló el acuerdo de partes al considerar la gravedad del hecho y el estado de vulnerabilidad y desprotección de la menor.
La investigación comenzó el 20 de agosto, cuando la niña fue llevada por su madre al Samco de Recreo ya que sentía varios malestares estomacales. La médica de guardia que asistió a la menor advirtió la posibilidad del embarazo, por lo que se dispuso un análisis de sangre en el Hospital Iturraspe.
Cuando el resultado del examen avaló la sospecha de la médica en relación al embarazo, las profesionales entrevistaron a la pequeña y a su madre: la niña desconocía los cuidados de su propio cuerpo, y que no podía ser tocada por nadie. La Fiscalía sostuvo que, en evidente estado de angustia y llanto ante la noticia del embarazo, la menor reveló que el agresor sexual había sido "papá", en relación a su padrastro.
Al ser entrevistada por el personal de la Secretaría de Niñez manifestó su intención de no seguir adelante con la gestación, por lo que ya se concretó la interrupción legal del embarazo y el material quedó resguardado para poder realizarse el cotejo de ADN con el imputado.
En relación a los riesgos procesales que hacen necesaria mantener la prisión del imputado, la Fiscalía sostuvo que el hombre ya fue condenado por la Justicia federal en el marco de una causa de trata de personas con finalidad de explotación sexual, y que aprovechó una salida transitoria del penal para mantenerse prófugo durante nueve meses. Miguel Ángel R. recuperó la libertad en julio y comenzó a convivir con la mamá de la niña, con quien además tienen un bebé de pocos meses.
La fiscal también destacó el complejo contexto en el que se encuentra la menor, quien sigue a cuidado de su mamá y se supo que durante el fin de semana había mantenido contacto con el imputado: "dudamos del correcto deber de cuidado que pueda brindarle", advirtió Del Río Ayala. En este punto, la jueza Luna consultó por la intervención de la Secretaría de Niñez, que fue previo a esta novedad, por lo que deberá analizarse nuevamente la situación familiar de la pequeña.
Antes del desarrollo de la audiencia, la abuela de la menor expresó su preocupación ante la jueza, y pidió justicia: "Yo fui víctima también y no pude denunciar, no tuve la oportunidad de acusar al culpable. Quiero que quede detenido por lo que hizo", sostuvo con la voz quebrada.
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El 27 de junio, la Justicia de Santa Fe condenó a G.A. (sólo se publican las iniciales para preservar la identidad de la menor) a 12 años de prisión a través de un juicio de procedimiento abreviado por abusos sexuales reiterados en perjuicio de su hija en la localidad de Garibaldi. El hecho fue denunciado en diciembre de 2022, luego de que el embarazo de la menor se constatara de la misma manera que en el caso de Recreo: la mamá llevó a su hija al Samco para que la revisen por algunos cambios físicos que notaba en su cuerpo.
La investigación permitió constatar la historia de violencia sufrida con el imputado, los momentos en que el imputado quedaba a solas con la niña, y las diferentes situaciones a las que eran sometidos todos los hijos de la pareja.
La menor fue internada en el hospital Iturraspe para ser sometida a una interrupción legal del embarazo, donde fue asistida por profesionales en psicología y trabajo social. Allí la menor ratificó que había sido abusada por su papá de forma reiterada durante un año y que no lo contó antes porque estaba amenazada por el imputado.
En el hospital se concretó la interrupción voluntaria del embarazo y realizó el cotejo de ADN: el resultado exculpaba al imputado, pero el agresor seguía siendo alguien de su círculo familiar. Cuando se notificó el resultado de la prueba de ADN, la niña se mostró angustiada, y expresó que era algo que esperaba: ya en marzo de 2023 las profesionales de Secretaría de Niñez tomaron conocimiento que la niña fue abusada por su hermano, un menor de 14 años, y por lo tanto inimputable.
La niña sostuvo que le contó a su mamá y que ella no le creyó; la Fiscalía sostiene que este episodio generó tal presión familiar para que se desdiga sobre la acusación al imputado. Sin embargo, la niña sostiene que su papá sí abusaba de ella cuando vivían en el campo y que su hermano presenció esas escenas.
Los jueces Jorge Patrizi, Pablo Busaniche y Leandro Lazzarini condenaron a G.A. como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado con el vinculo, la guarda y la convivencia en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la. edad, el vínculo, la guarda y la convivencia, a la pena de doce años de prisión de efectivo cumplimiento.
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