Según los elementos volcados en una investigación judicial a cargo de la fiscal rosarina Valeria Haurigot, entre diciembre de 2018 y enero de 2020 el abogado Juan Pedro Chía, el gestor inmobiliario Miguel Ángel Herrera, dos policías y al menos cuatro punteros cuyo rol era la usurpación de casas, generaron un negocio millonario montado en una aparente legalidad, con la cual lograron estafar a varias personas.
Un hecho violento en el barrio Empalme Graneros marcó el inicio de la investigación y a través de la cual se logró desentrañar las maniobras fraudulentas. Ocurrió el 9 de septiembre de 2019 cuando una familia sufrió una tremenda balacera en su casa de Fraga 700 bis. En el hecho resultó herida una nena de 11 años, hija de un matrimonio boliviano que hacía poco tiempo se había mudado al barrio.
Las víctimas no salían de su asombro ante semejante ataque. A la policía le explicaron que eran ajenos a cualquier disputa ligada al delito, que eran gente de trabajo, y en ese contexto contaron que de buena fe habían comprado la casa por 1.400.000 pesos. E identificaron a un tal “Miguel Ángel”, un gestor con el que habían formalizado el negocio.
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Los proyectiles que impactaron en una de las puertas de la vivienda.
El 7 de agosto de 2019 ese gestor trasladó a las víctimas al estudio de Chía para que las “asesorará” respecto a documentación legal y papeles de la casa. El abogado les manifestó que la vivienda no tenía problemas, les exhibió impuestos y les dijo que se quedaran tranquilos porque estaba encaminado.
El 10 de agosto el propio abogado fue a buscar a las víctimas a su casa de calle Fraga. Los llevó a su estudio de Pellegrini al 2400, y luego de una serie de falsas promesas y puesta en escena, las víctimas desembolsaron el dinero pactado. En ese acto el abogado confeccionó el contrato de cesión de derechos posesorios respecto del inmueble, se lo entregó a las víctimas para que en conjunto con H.E.P, otro integrante de la banda, fueran hasta una escribanía.
Una vez que se firmó la cesión de derechos, todos se dirigieron nuevamente al estudio del abogado, quien manifestó que él mismo le gestionaría la escritura del inmueble porque tenía conocidos. Los damnificados pidieron tiempo para ese trámite por una cuestión económica. Luego, se retiraron con Herrera, quien le entregó las llaves de la casa.
Todos presos
A partir de una serie de medidas, principalmente escuchas, entrecruzamiento de documentación y declaraciones testimoniales, la fiscal Haurighot logró establecer el ardid de una organización delictiva aceitada y con roles bien definidos, que actuó desde 2018 a enero de 2020: detectaban casas abandonadas, las usurpaban un tiempo, y luego las ofrecían a la venta en redes sociales.
El esquema contemplaba la pantalla legal y jurídica para darle supuesta legitimidad a la transacción, con la falsificación de los documentos públicos y privados: un negocio millonario según la acusación.
En enero de 2020 se realizaron 18 allanamientos y se detuvo a nueve personas vinculadas a las estafas, entre los que estaban Chía, tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusados de trabar la pesquisa de la familia boliviana, el gestor y punteros que usurpaban las casas. Al día de hoy Herrera, señalado como jefe de la asociación ilícita, sigue prófugo al igual que otro de los sospechosos.
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Parte de las municiones que encontraron los investigadores en el interior de la vivienda.
Un mes después de las detenciones se dio una situación confusa frente a los Tribunales de Rosario. Un gendarme enfurecido se presentó en el estudio de Chía. Primero exigió 8 mil dólares o de lo contrario exhibirá videos comprometedores, y al día siguiente acudió con un arma y quedó demorado. Luego se estableció que también había sido engañado al comprar una casa ubicada en Rouillón al 1200, por la que pagó 910.000 pesos y 200 dólares.
Condena al abogado
El viernes se cerró el capítulo que involucra a Chía. En un trámite de juicio abreviado homologado por el juez Juan José Alarcón, con acuerdo de las partes y el consentimiento del acusado, lo condenaron a 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación especial para ejercer la profesión.
Lo hallaron culpable de integrar una asociación ilícita; coautor de cuatro hechos de estafa consumados; coautor de tentativa de estafa procesal (adulterar documentación judicial); y autor de dos hechos de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, y dos hechos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real.
Según el acuerdo propuesto por la Fiscalía y aceptado por la defensa, el letrado deberá hacer frente a una multa de 2.000 pesos, pagar 2.500.000 pesos en concepto de resarcimiento a las víctimas, además de 250.000 pesos en concepto de honorarios y costas a favor del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Cumplirá la condena en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, según logró demostrar su defensa.
El abogado, con un rol central
Según la Fiscalía, el abogado junto a los ocho coimputados, formó parte de una asociación dedicada a la comisión de hechos de usurpación, confección y utilización de documentos públicos y privados falsos y estafas con inmuebles. “La organización fue integrada de manera estable y con continuidad en el tiempo, con división de tareas, asignación de roles, al menos desde diciembre de 2018 a la fecha de detención de los mismos”, remarcó Hauruigot.
Como profesional del Derecho, al abogado se le atribuyó haber “proporcionado sus conocimientos técnicos” para gestionar la obtención de información respecto de los inmuebles usurpados, y el armado de los instrumentos apócrifos para lograr que tengan un valor jurídico de forma contractual y judicial.
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Hauruigot, la fiscal a cargo de la pesquisa.
En ese sentido, se le achaca ordenar disponer de los boletos de compraventa y boletos de cesión de derechos con fines de simular derechos de legitimidad en la titularidad y posesión de las viviendas objeto de los delitos.
Según la investigación, Chia recibía órdenes del gestor prófugo para que asesorara a las personas que le acercaba; disponía reuniones con esas ocasionales víctimas. Cuando estas tenía alguna sospecha de la estafa, “él mismo lo negaba y ofrecía una solución inexistente y fraudulenta”.
Aceitado y fraudulento
El objetivo de la asociación recayó sobre un acuerdo para realizar maniobras sobre bienes indeterminados, detectando inmuebles usurpados o usurpables para ocuparlos con personas de la organización. Luego, crear engaños, falsificar o utilizar los instrumentos públicos o privados necesarios para simular una posesión prolongada en el tiempo mayor a la real y bajo un origen jurídico diferente para luego comercializarlos.
Los inmuebles se ofrecían por diferentes canales (redes sociales y/o de manera personal), concretando entrevistas y reuniones con las víctimas en oficinas comerciales, de abogados, escribanos donde concretaban las estafas. El ardid tenía como víctimas a ciudadanos que querían adquirir los inmuebles en las condiciones de hecho y de derecho ofrecidas, y no en las que en realidad se encontraban.
Hechos casi calcados
Además de la estafa a la familia boliviana por la vivienda de calle Fraga, la Fiscalía constató otra con una casa de Zeballos 3400 de Rosario que fue usurpada. Una pareja fue engañada el 26 de agosto de 2020, cuando Chía confeccionó el contrato de cesión de derechos del inmueble, luego de que una de las usurpadoras le cediera los derechos de posesión a las víctimas, que le pagaron 2.180.000 al abogado.
Un tercer hecho fue el que involucró la casa de Roullión 1200, y que tuvo al gendarme como víctima. El hombre comenzó las tratativas el 6 de octubre de 2020 en la oficina de Chía bajo idéntica modalidad: la confección de un contrato de cesión de derechos del inmueble que le cedió la usurpadora a las víctimas, previo pago de 600.000 pesos.
El cuarto episodio comprobado fue en una vivienda asentada en Don Orione 1100, también de Rosario. Mediante otra usurpación, intentaron mostrar una supuesta “ocupación prolongada en el tiempo a los fines de generar una expectativa de escrituración”.
La Fiscalía ubicó esta situación “de hecho y de derecho falsa”, consiguiendo así la suscripción de los contratos de cesión de derechos posesorios por parte de personas que aún no fueron identificadas, con la consecuente disposición patrimonial en base al error inducido, y por una suma que aún no se pudo determinar.
