El ataque ocurrió pasadas las 7 de mañana, cuando el joven tirador —que cursaba tercer año de naturales— arribó al establecimiento educativo y, tras sonar el timbre de izado de la bandera, gatilló. De ahí en adelante, el horror se adueñó del tiempo.
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Los disparos alcanzaron a Ian Cabrera, un chico de 13 años que cursaba primer año, el cual falleció prácticamente en el acto. Junto a él, resultaron heridos otros ocho alumnos, entre los que se encontraba un chico que debió ser trasladado al hospital de niños Orlando Alassia de Santa Fe, donde quedó internado y una semana después recibió el alta.
Por el caso, se inició una causa judicial que, a un mes del hecho, suma cientos de hojas de un legajo que se tramita en la Fiscalía de San Cristóbal, el cual, a su vez, destapó el funcionamiento de una silenciosa red internacional que glorifica masacres escolares por distintas partes del mundo.
Un tirador en un lugar confidencial
Si bien la investigación se manejó con severo hermetismo, se pudo establecer que tras el tiroteo en la escuela, Gino C. fue detenido y trasladado hasta la Jefatura de la Unidad Regional XIII, en donde permaneció unas horas y luego fue llevado hasta un lugar confidencial de la ciudad de Santa Fe.
Desde entonces, permaneció “semi detenido” y fue declarado no punible ya que la actual ley de menores (que sanciona a jóvenes a partir de los 14 años) entrará en vigencia en septiembre próximo por lo que, en consecuencia, rige todavía la vieja norma que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años.
Sin embargo, pese a que no tuvo una sanción penal, la Fiscalía y la defensa del caso acordaron una serie de medidas confidenciales que tienen por objetivo monitorear de manera permanente al joven tirador.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
La causa tuvo la particularidad de que además de establecer cómo fue la mecánica del hecho, determinó que Gino C. había planificado el ataque unos meses antes y que tenía la idea de quitarse la vida una vez culminado el aterrador tiroteo. Inclusive, se estableció que el menor navegaba por foros dedicados a glorificar masacres escolares, como por ejemplo “True Crime Community”.
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Sumado a ello, los peritajes del teléfono de Gino C. comprobaron que le enviaban material vinculado a los atentados a Nicolás C., un alumno de 16 años que cursaba cuarto año, quien quedó ligado a la causa una semana después del tiroteo.
Preso y a la espera de un avance judicial
La detención del otro alumno se dio una semana después del atentado, cuando el joven viajaba desde Nelson hasta San Cristóbal con su familia. Tres días después, fue imputado por los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza que le atribuyeron haber sido “partícipe secundario” del crimen de Ian Cabrera y dos tentativas de homicidio.
Tal acusación se dio a partir de que los funcionarios judiciales consideraron que el menor habría tenido conocimiento previo sobre el ataque que Gino planeaba realizar dentro de la escuela. En efecto, el juez José Boaglio le dictó la prisión preventiva por 90 días.
Aquel fallo fue apelado por su defensa, a cargo de Pedro Busíco, y aguarda tratamiento en la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Al respecto, el último avance judicial fue la designación del camarista Matías Drivet, que deberá analizar próximamente si confirma la prisión preventiva impuesta al menor o entiende que deberá transcurrir la causa con medidas alternativas.
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