La dependencia policial se encuentra en el norte de la ciudad de Santa Fe y originalmente el inmueble era una casa de un plan de viviendas.
Este martes se cumple un año del incendio fatal de la Subcomisaría 14 del norte de la ciudad de Santa Fe que dejó como saldo la muerte de dos presos alojados en la dependencia y que mostró la cara más pesada del hacinamiento en comisarías de la ciudad de y de toda la región.
El fuego se generó a partir de la quema de un colchón en la celda del establecimiento policial ubicado en Hermanos Madeo y Combatientes de Malvinas, en el límite entre los barrios Altos de Noguera y Peñaloza Norte.
Producto del incendio, perdieron la vida dos presos identificados como Juan Exequiel Fernández (30) y Lautaro Iván Moreyra (23), quienes se encontraban detenidos en un espacio por demás de reducido, según reveló en su momento la investigación encabezada por personal de la Agencia de Control Policial y que impulsaron los fiscales Ezequiel Hernández y Estanislao Giavadoni.
A un año del siniestro, que marcó un hito oscuro sobre las condiciones actuales de detención en dependencias policiales, la causa reveló, una vez más, que los establecimientos policiales del departamento La Capital no cuentan con las condiciones aptas para alojar a personas involucradas en un conflicto penal.
Así lo determinó la pericia de los Bomberos Zapadores que fue requerida por la Justicia y la cual informó que la Subcomisaría 14, para aquel entonces, no contaba con matafuegos en sus instalaciones. “No solo eso, no tenían ventilación. No era un lugar habilitado para tener personas detenidas”, explicó al respecto una fuente allegada a la causa.
En cuanto a las responsabilidades, a ninguno de los agentes que se encontraba en ese entonces en la dependencia (incluido el jefe) fue llamado a una audiencia de imputación de cargos, ya que la investigación no encontró elementos para atribuirle a ninguno una omisión en su trabajo. De hecho, dos policías que prestaron servicios debieron ser hospitalizados luego de arriesgar su vida para intentar salvar a los presos que terminaron siendo devorados por el fuego.
El caso puso a la luz lo que puede pasar cuando un sistema penal no cuenta con el acompañamiento de infraestructura estatal en la generación de más plazas en el Servicio Penitenciario para evitar la sobrepoblación penal. Sobre todo a partir de la reforma judicial de 2014 y con el endurecimiento de las penas para muchos delitos, entre ellos homicidios y delitos sexuales, en los cuales se cumple la mayoría de la pena antes de obtener una salida transitoria o condicional.
“Si bien el sistema funciona, entre comillas, con el juicio abreviado, eso genera más presos y más condenados. Entonces, el que no llega a un abreviado queda en prisión preventiva por un plazo de dos años. Después tenés otro tema, que es la violencia de género o abusos sexuales que eran delitos que históricamente se denunciaban poco. Sin embargo, ahora existe una mejor recepción de denuncia y de condena. Eso hace que en la cárcel de Las Flores tengas cerca de tres pabellones de delitos sexuales. Lo mismo pasa con otras tres Comisarías que tienen alojados a internos por el mismo delito”, supo explicar en una entrevista realizada en 2021 el actual defensor regional de Santa Fe, Leandro Miró, a raíz de un reportaje realizado por AIRE por una serie de fugas de comisarías que se habían registrado en aquel entonces.
Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública, en diciembre del 2022 había 290 personas privadas de su libertad en dependencias policiales del departamento La Capital, cuando la cantidad permitida era de 138, lo cual generaba una sobrepoblación de 152 presos.
En medio de esa compleja situación, el gobierno provincial inauguró el edificio de la Alcaidía de Las Flores en octubre del 2022, el cual tiene por objetivo alojar 240 presos para así descomprimir las comisarías. Sin embargo, casi un año después, la realidad pone en jaque nuevamente a los centros de detención.
Es que, según datos actuales, existen en todo el departamento La Capital 326 personas privadas de su libertad en comisarías y centros policiales, un dato que demuestra que la situación se agravó, pese a la inauguración de la Alcaidía, y que avizora un futuro incierto en torno a los centros de detención y sus condiciones actuales.
Te puede interesar
