El 13 de mayo del 2019, Francisco Lascurain, a bordo de un Toyota Ethios gris, subió al auto y a toda velocidad, por Ángel Cassanello al 2200, selló el destino de toda una familia. El coche impactó contra un Chevrolet Corsa (country) y provocó un fuerte impacto en Walter Sueldo y Gisela Colman, los padres de Francisco, la victima del siniestro fatal.
El automóvil de la familia Sueldo fue impactado de atrás por el vehículo que manejaba Lascurain el 13 de mayo del 2019 en barrio María Selva.
Por la brutal embestida, el niño de 11 años debió ser trasladado al Hospital de Niños Doctor Orlando Alassia, donde pasó las últimas horas con vida. Pese a que los médicos hicieron todo lo posible, cerca de las 3 de la madrugada del día siguiente, “Fran” no soportó más y se fue de este mundo.
Por el siniestro, se formó una causa judicial que tramitó el fiscal del área de Accidentes de Transito del Ministerio Público de la Acusación, Daniel Filippi, quien ordenó la detención del conductor: Francisco Lascurain, de 37 años. Kinesiólogo de profesión y con serios antecedentes psiquiátricos que lo convirtieron en un claro riesgo al volante.
Lascurain fue imputado dos días después en tribunales por homicidio simple con dolo eventual, en una audiencia en donde demostró que padecía una afección mental que generaban delirios místicos. Por esa razón, la jueza que debió presidir aquella audiencia, Rosana Carrara, ofició a la Junta de Salud Mental para que determine si el hombre debía ser declarado inimputable. Dos días después, la misma magistrada ordenó que Lascurain permanezca detenido hasta tanto se definiera su estado psíquico para determinar si comprendía el proceso judicial en el que se encontraba sometido.
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La salud mental del kinesiólogo comenzó a ser evaluada el 4 de junio y durante tres entrevistas los especialistas analizaron si el temerario conductor se encontraba en sus cabales al momento de protagonizar el accidente que causó la muerte de Francisco. Finalmente, en agosto del 2019, la Junta emitió un dictamen en donde consideró que Lascurain padecía de una psicosis que no le permitiría “acceder al pasado por lo que no podría recordar el hecho que se le imputó”.
Aquella resolución de la Junta selló el destino de la familia Sueldo, que debió sobrellevar el sabor amargo de que el autor del siniestro que le arrebató a su hijo, tras circular a 90 kilómetros a bordo del Toyota Ethios, jamás iba a ser juzgado por un tribunal.
A partir de ese dictamen, el juez Pablo Busaniche dictó el sobreseimiento para Lascurain el 6 de febrero del 2020 por lo que desde entonces, el kinesiólogo debió ser excarcelado de la cárcel de Las Flores -donde cumplió la medida cautelar de prisión preventiva- y fue trasladado a una clínica psiquiátrica en la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera, a 260 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
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En esa clínica fue donde siete meses después, el pasado 19 de noviembre de 2020, los médicos que asistieron al paciente psiquiátrico determinaron que se encontraba en condiciones de recibir el alta. Tal informe generó que el abogado querellante de la familia Sueldo, Leandro Corti, pida nuevamente una audiencia en tribunales para cuestionar el informe luego de calificarlo como “infundado”.
Es que según planteó Corti, dicho informe no detalló por ejemplo la evolución del paciente a lo largo del tratamiento que recibió en la clínica, ni tampoco aportó la historia clínica del hombre y además no informó si tuvo salidas terapéuticas.
En tanto, Corti apuntó a que el informe clínico tampoco señaló si Lascurain puede atentar contra su persona o familiares o quizás terceros, tal como sucedió con Francisco Sueldo aquella fatídica tarde del 13 de mayo en Ángel Cassanello al 2200. Por esa razón, solicitó que se lleve a cabo una nueva pericia psiquiátrica y que los especialistas que lo asistan estén inscriptos en el listado del Poder Judicial.
El planteo fue escuchado por el juez penal Jorge Patrizi, quien hizo lugar al pedido de Corti y ordenó la realización de una nueva pericia psiquiátrica. No obstante, ofició a la clínica de La Gallareta para que continúe allí internado. A seis meses de aquella resolución, la Justicia aguarda que se conforme una nueva junta médica que evalúe nuevamente a Lascurain y determine si el kinesiólogo debe obtener el alta.
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