El juez penal de Santa Fe, Jorge Patrizi, ordenó este jueves un nuevo examen psiquiátrico para Francisco Lascuraín, el conductor de 39 años que en 2019 causó un violento accidente en el barrio María Selva y provocó la posterior muerte de un niño de 10 años identificado como Francisco Sueldo. La medida fue resuelta luego de una audiencia que tuvo lugar en la Sala 1 del subsuelo de tribunales y de la que participaron la defensa de Lascuraín, a cargo de Sebastián Oroño, el fiscal Marcelo Fontana y el querellante, Leandro Corti, quien representa los padres de la víctima.
El siniestro remonta al 13 de mayo del 2019, cuando en Ángel Casanello al 2200, un Toyota Ethios, que era guiado por el psiquiátrico, embistió al Chevrolet Corsa en el que iban Francisco con sus padres, Walter y Gisela Colman. Producto del impacto, el niño falleció horas después en el hospital de Niños Orlando Alassia, mientras que Lascurain fue detenido e imputado dos días después en los tribunales de Santa Fe.
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A partir de aquella audiencia de imputación, se pudo establecer que el conductor del auto no gozaba de buena salud mental por lo que la jueza Rosana Carrara, ordenó por un lado que permanezca detenido y por otro ofició a la Junta de Salud Mental para que lleve a cabo una pericia psiquiátrica y evalúe si acusado comprendía el proceso judicial que lo tenía implicado. Finalmente, en agosto, el organismo estatal emitió un dictamen donde concluyó que Lascurain es inimputable. En efecto, terminó sobreseído en la causa del accidente fatal.
En abril pasado, la jueza Sandra Valenti, resolvió que Lascurain sea alojado en una clínica de La Gallareta (departamento Vera) y que dicha internación sea con una medida de seguridad mientras dure el proceso de “cura” del kinesiólogo santafesino. Sin embargo, siete meses después, la clínica emitió un informe donde aclaró que el paciente psiquiátrico se encuentra en “en condiciones” de ser dado de alta.
Nueva pericia
El reciente informe de la clínica, fue rechazado de lleno por el abogado querellante y la Fiscalía, los cuales indicaron durante la audiencia que el mismo es “infundado” tras sostener que no aporta datos centrales sobre el estado de salud mental de Lascurain. En esa línea, según expresó Corti, el dictamen de la clínica no detalla por ejemplo la evolución del paciente a lo largo del tratamiento. Tampoco aportó la historia clínica del hombre y además no informó si tuvo salidas terapéuticas.
Corti además apuntó a que el informe clínico tampoco destaca si el paciente puede atentar contra su persona o familiares o quizás terceros, tal como sucedió con Francisco Sueldo el año pasado. Por esa razón, el querellante hizo hincapié en los antecedentes previos del kinesiólogo ya que sus familiares indicaron en su momento “que no sabían cómo contenerlo” durante los últimos años.
Tanto la querella como el fiscal solicitaron que se realice a Lascurain una nueva pericia psiquiátrica y que los especialistas que lo asistan se encuentren inscriptos en la lista que tiene el Poder Judicial.
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La postura de la Fiscalía contó, en cierta manera, con el aval del abogado defensor. Sin embargo, Oroño planteó que hasta el momento el Estado provincial no pagó ninguna suma de dinero por la internación de Lascurain pese a que existía un mandato judicial resuelto por la jueza Valenti.
En efecto, el pago de la internación se encuentra a cargo de la familia del hombre hasta tanto no se resuelva el trámite que lo declare discapacitado y así pueda costear el alojamiento en en centro psiquiátrico del norte provincial por medio de una obra social.
Los planteos fueron considerados por el juez Patrizi que tras analizar la solicitud de la querella y Fiscalía ordenó una nueva pericia psicológica para Lascurain y además ofició a la clínica para que el paciente continúe allí internado.
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