Usurpaciones de viviendas: cuando se intenta construir un derecho vulnerando otro

El intento de usurpación de las viviendas que se construyeron para funcionar como Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: cómo garantizar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo uno de los principios fundamentales sobre los que descansa cualquier sociedad organizada, el respeto por la propiedad y por el Estado de Derecho.

Con demasiada frecuencia se plantea una falsa dicotomía entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad y, sin embargo, ambos derechos forman parte de nuestro sistema constitucional y deben coexistir armónicamente y el desafío de los gobiernos consiste precisamente en generar políticas públicas que permitan ampliar el acceso a una vivienda digna sin afectar derechos que también cuentan con protección constitucional.

El respaldo constitucional y la tutela del Código Penal

La Constitución Nacional es categórica respecto de la tutela de la propiedad privada ya que el artículo 17 establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La propia norma contempla la posibilidad de la expropiación por causa de utilidad pública, pero exige una ley que la declare y una indemnización previa, demostrando que incluso cuando el interés público justifica una limitación al derecho de propiedad, ello debe hacerse dentro de estrictos procedimientos legales.

La Constitución Nacional expresa que la propiedad es inviolable.

Por su parte, el artículo 14 reconoce el derecho de todos los habitantes a usar y disponer de su propiedad, mientras que el artículo 14 bis incorpora la obligación de promover el acceso a una vivienda digna. La propia Constitución, entonces, ofrece una respuesta equilibrada al debate: proteger la propiedad y, al mismo tiempo, promover las condiciones para que más ciudadanos puedan acceder a un hogar.

Esa misma lógica se proyecta en el ámbito internacional ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella y, de igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho al uso y goce de los bienes. Ninguno de estos instrumentos desconoce la importancia del acceso a la vivienda, pero tampoco admite que la necesidad de una persona autorice la vulneración de los derechos de otra.

La protección de la propiedad tampoco es una cuestión meramente teórica constitucional ya que el Código Penal argentino tipifica la usurpación como delito en su artículo 181, sancionando a quien despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble mediante violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad. El legislador entendió que la preservación de la propiedad, de la posesión y de la tenencia constituyen un requisito indispensable para la paz social y la seguridad jurídica.

El esfuerzo detrás de cada hogar y el impacto en la Villa Suramericana de Santa Fe

El intento de usurpación de las viviendas de la Villa Suramericana vuelve a poner sobre la mesa el debate del acceso a la vivienda.

Pero detrás de estas normas existe una realidad humana que muchas veces queda invisibilizada y es que cuando se habla de propiedades, terrenos o viviendas, a menudo se pierde de vista que detrás de cada una de ellas hay personas concretas, entre ellos, trabajadores que pasan años pagando alquileres mientras intentan ahorrar para la entrega de un terreno; familias que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de cuotas hipotecarias; emprendedores que resignan inversiones o consumo para avanzar lentamente en la construcción de su vivienda.

Muchos de ellos también tienen hijos, enfrentan dificultades económicas, viven con incertidumbre y soportan los efectos de las recurrentes crisis del país por lo que nadie podría afirmar que su situación es sencilla, pero, sin embargo, continúan respetando las reglas porque entienden que la convivencia exige que todos estén sometidos a las mismas normas.

Por eso resulta comprensible el malestar social que generan los intentos de usurpación ya que quien espera años una adjudicación habitacional, quien completa formularios, reúne interminable documentación, cumple requisitos y aguarda su turno dentro de los mecanismos legales, percibe una profunda injusticia cuando otros pretenden acceder al mismo beneficio mediante la ocupación de hecho.

En el caso de las viviendas destinadas a la Villa Suramericana en Santa Fe, además, se trata de inmuebles que integran el patrimonio del Estado y que poseen un destino público determinado y si bien todavía no cuentan con propietarios particulares, se encuentran en un proceso de adjudicación previsto para seleccionar a sus futuros beneficiarios por lo que una ocupación irregular no solo afecta el patrimonio público, sino también los derechos y las expectativas legítimas de quienes aspiran a acceder a esas viviendas conforme a las reglas establecidas.

Déficit habitacional y el valor cotidiano de la seguridad jurídica

La necesidad de una vivienda merece respeto y atención, ya que ninguna sociedad puede desentenderse del déficit habitacional ni de las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a un techo propio, sin embargo, reconocer la existencia de un problema no implica validar cualquier método para resolverlo. Como ha señalado recientemente el papa León XIV, la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, aunque también recuerda que su ejercicio debe orientarse al bien común y esta concepción no contradice la protección de la propiedad ni el Estado de Derecho; por el contrario, reafirma que los derechos deben ejercerse dentro de un marco de responsabilidad y respeto por las normas que garantizan la convivencia social.

Aceptar que una vivienda puede obtenerse mediante una ocupación de hecho termina perjudicando, precisamente, a quienes eligieron el camino del esfuerzo y la legalidad y también deteriora la confianza pública en las instituciones, porque instala la percepción de que las reglas pueden ser desplazadas por la presión o la fuerza.

La seguridad jurídica no es un concepto abstracto reservado para abogados o especialistas, sino que es la garantía que permite a una familia proyectar una casa, solicitar un crédito, realizar una inversión o ahorrar durante años con la expectativa razonable de que aquello que construya o adquiera será respetado y cuando esa certeza se debilita, toda la sociedad se resiente.

Igualdad ante la ley: un pilar para la convivencia democrática

A lo largo de mi desempeño como juez he visto cómo la seguridad jurídica impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, he escuchado a trabajadores que dedicaron años de esfuerzo a construir una vivienda, a familias que aguardaron durante mucho tiempo una adjudicación estatal y también a ciudadanos que acudieron a la Justicia para proteger aquello que habían conseguido con sacrificio y esas experiencias reafirman una convicción elemental: las necesidades sociales merecen respuestas concretas, pero ninguna solución será verdaderamente justa si se construye sobre la vulneración de los derechos de otros.

Por esa razón, impedir una usurpación no significa desconocer el drama habitacional ni darle la espalda a quienes necesitan asistencia sino defender un principio básico de la organización democrática: los derechos se ejercen dentro de la ley y los conflictos se resuelven a través de las instituciones. El acceso a la vivienda es un objetivo legítimo y necesario, pero debe alcanzarse mediante políticas públicas transparentes, criterios de adjudicación equitativos y procedimientos que respeten los derechos de todos.

Una sociedad verdaderamente justa no es aquella donde prevalece quien ocupa primero un inmueble o quien ejerce mayor presión sobre las autoridades, sino aquella donde cada ciudadano sabe que será tratado con igualdad ante la ley, donde los derechos están protegidos y donde el esfuerzo honesto encuentra reconocimiento. La propiedad privada no es un privilegio: es una garantía constitucional destinada a resguardar el trabajo, el ahorro y los proyectos de vida de millones de personas, por eso, defenderla no implica ignorar las necesidades sociales, sino preservar uno de los pilares que hacen posible una convivencia democrática basada en reglas comunes, seguridad jurídica y respeto mutuo ya que cuando la ley protege los derechos de todos, también protege la esperanza de quienes aspiran legítimamente a construir un futuro mejor.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.