Con el argumento de que el país vive una situación de crisis, el megaproyecto que elaboró el Gobierno declara nueve tipos de emergencias: económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social. Con este paraguas, le solicita al Congreso que le delegue facultades por un año que le permitan ejecutar medidas y reformas en distintas áreas de la administración pública sin necesidad de una ley. Se trata de una verdadera "ley ómnibus" que propone, entre sus puntos más relevantes, un impuesto del 30% a la compra de divisas, la suspensión por 180 días de la actual fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, la suba de las retenciones a las exportaciones, aumentos a los impuestos internos de algunos bienes (como los automóviles) y una amplia moratoria fiscal a las Pymes.
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Para el Gobierno esta reforma es fundamental para demostrar consistencia fiscal en las negociaciones que encarará en los próximos días con los acreedores externos. La batería de aumentos impositivos significarán una recaudación del 1,5% del PBI, enfatizó ayer Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias. A esto se suma la decisión de suspender la indexación de los haberes jubilatorios por seis meses, con lo cual el Gobierno busca desactivar una bomba de tiempo que amenazaba la estabilidad fiscal.
Advertencia opositora
El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, anticipó que no dará quorum en la sesión y que, oportunamente, votará en contra de la iniciativa en general. Considera que la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo es excesiva y que supera, incluso, las que contemplaba la ley de emergencia de 2002, aprobada durante la peor crisis económica y social de la historia argentina reciente. En cambio, los interbloques Federal -que responde a Lavagna y a Schiaretti- y Unidad Federal para el Desarrollo, cercano al oficialismo, ya anticiparon que facilitarán la media sanción de la iniciativa. De todas maneras, plantearán modificaciones al proyecto en dos temas clave: retenciones a las exportaciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
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Alberto Fernández se reunió con gobernadores radicales para explicarles los objetivos de las reformas que propone.
En el oficialismo no descartan eventuales cambios. En materia jubilatoria, por caso, se estudia una resolución de la Anses que garantice que los futuros aumentos que se dictaminen por decreto no perderán frente a la inflación. Beneficiaría a los haberes hasta $20.000, trascendió de fuentes legislativas. Además, se habría acordado que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria será discutida por el Congreso y no se impondría por decreto. Sobre las retenciones no hay demasiadas precisiones, pero el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó ayer que se podrían instrumentar mecanismos compensatorios para los pequeños y medianos productores agropecuarios.
Por de pronto, el oposición ya logró una importante concesión del oficialismo: la eliminación del polémico artículo 85 del proyecto de ley, que le otorgaba amplias facultades al Gobierno intervenir en los organismos descentralizados. “Una grosería”, coincidieron todos los bloques de la oposición.
Propuesta
Pero el pedido de modificaciones excede este controvertido artículo. Desde el interbloque Federal, propusieron que, en materia de retenciones, se aplique un esquema de reducción de las alícuotas de los derechos de exportación para pequeños y medianos productores, considerando la escala de producción, el tipo de producto y la distancia desde los centros de producción hasta los de efectiva comercialización.
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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no descartó que se instrumente un alivio fiscal para los pequeños y medianos productores del campo. “No se puede segmentar el pago del derecho de exportación, puesto que es un impuesto que pagan las empresas exportadoras –explicó el ministro Kulfas-. Lo que sí podemos conversar son mecanismos compensadores para pequeños productores. Esto lo podemos instrumentar”.
La negociación está abierta. Por de pronto, la de hoy será una sesión maratónica en la Cámara baja: arrancará a las 15 horas y todo indica que se prolongará durante toda la madrugada del viernes. La premura del Gobierno es tal que intentará que el Senado, en una sesión exprés, la convierta en ley antes del fin de semana.
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