Cómo funciona la logística narco, clave de un negocio millonario

La detención de un camión con 1.662 kilos de marihuana en Arroyo Leyes se vendió como un duro golpe al narcotráfico en noviembre de 2014, pero detrás operaba una red de complicidad policial que cobró en gramos de cocaína.


Por Germán de los Santos

En la ventanilla del acompañante, los camiones tenían pegada una calcomanía grande, que ocupaba casi todo el vidrio. La figura que aparecía era la de El Guasón, el personaje de Batman. Era una marca, una especie de contraseña que usaba Ignacio Principato, un muchacho de 33 años, oriundo de Talar de Pacheco, norte del conurbano bonaerense, cuando sus camiones iban cargados de marihuana.

Desde hace más de una década es un jugador clave en la logística narco, un eslabón fundamental dentro de la cadena del tráfico de drogas, en la que el traslado de la carga ilegal (grandes cantidades) representa el mayor riesgo.

Principato está preso en la Unidad N°7 de Resistencia desde hace dos años, cuando fue detenido en Posadas, Misiones. Pero es oriundo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde invirtió parte de las ganancias de este negocio ilegal.

Esta semana empezará a ser juzgado en Corrientes por transporte de estupefacientes, por un caso en 2016 en el que se le secuestró un camión Iveco blanco con más de 1.100 kilos de marihuana que tenían como destino la ciudad bonaerense de Campana.

Su nombre estuvo vinculado a un caso emblemático en Santa Fe, que ocurrió en 2014 cuando en Arroyo Leyes apareció en un basural un camión empantanado en el barro, con un contenedor en el que se trasladaban 1.662 kilos de marihuana.

La documentación del camión, que estaba guardada en la guantera, estaba a nombre de Ignacio Principato, quien estuvo imputado en la causa que llevó adelante el juez Reynaldo Rodríguez pero después resultó sobreseído, debido a que los investigadores no encontraron elementos suficientes para llevarlo a juicio.

En ese caso fueron condenados diez efectivos de la Policía de Santa Fe y dos civiles, entre ellos el jefe de Orden Público de la Unidad Regional I, Cristian Hang, el entonces jefe de la Octava Zona de Inspección, Martín Díaz, quienes recibieron una pena de seis años de prisión.

“Es el Aguja Agüero, maneja toda la merca de la zona de la costa. Pero es consensuado. Es policía de la Octava Zona. Acá hay un camión que se piró”. Ni los propios policías disimulaban a través de sus diálogos por la radio policial lo que ocurría esa noche lluviosa del 2 de noviembre de 2014 en Arroyo Leyes.

“Una mancha más al tigre. ¡Qué vergüenza!”, dijo por esa frecuencia una comisaría de la zona cuando se enteró que efectivos de esa comisaría detuvieron a dos narcos, uno de ellos policía, con un camión con un container cargado de droga, que provenía de Misiones, pero después llegaron otros policías y dos jefes de la Unidad Regional I, y Agüero y su cómplice negociaron su liberación.

Los narcos pagaron con droga. Porque del camión desaparecieron cocaína y precursores químicos. “Estaban pasando de un camión a un container marihuana, cocaína y líquidos de estiramiento. Ahí lo detuvieron. Uno es personal policial”, dijo por la radio uno de los efectivos.

Los narcos desaparecieron entre la oscuridad de la noche en una Peugeot Partner. En el camión Iveco y en el container Hamburg Sud color rojo quedaron 1.600 kilos de marihuana. Pero los investigadores judiciales siempre sospecharon que había “muchísima más droga”.

Al otro día la Policía presentó ante los medios de comunicación que había dado “un duro golpe al narcotráfico”. El entonces subjefe de la fuerza Sergio Fernández dijo que los narcos “se escaparon por la zona de bañados”. Nada fue así. El fiscal federal Walter Rodríguez reconstruyó otra historia que no sólo envuelve a policías involucrados en el tráfico de drogas sino también demarca la impunidad con la que los propios efectivos actuaron. Dejaron ir a los detenidos –que no quedaron registrados en ningún acta– y luego una cantidad indeterminada de estupefacientes desapareció, con lo que se sospecha que esa huida artificial se produjo a cambio de la mercancía.

Esto sucedió en una zona donde el narcotráfico ha crecido en los últimos años. Hugo Tognoli, ex jefe de la policía y ex titular de Drogas Peligrosas, fue condenado a seis años de prisión por encubrir al narcotraficante Daniel Mendoza, que distribuía droga con el aval policial en kioscos de esa zona, donde tenía una cobertura total de la policía.

Alejandro Agüero, alias Aguja, conocía de cerca el tráfico y comercialización de estupefacientes. Había trabajado en Drogas Peligrosas entre setiembre de 1998 y noviembre de 2001, y luego entre mayo de 2008 y octubre de 2009. En el momento de la detención revestía en la Zona Octava, que tiene jurisdicción en la costa santafesina.

Luego de este hecho, el policía y su familia tuvieron un crecimiento patrimonial repentino. De la investigación se desprende que Agüero y su familia, remodelaron una casa, adquirieron otra vivienda en Santo Tomé, compraron tres autos 0 km y una moto de alta cilindrada.  Todos estos bienes fueron adquiridos en un periodo de poco más de un año y por un monto calculado en 1.300.000.

Uno de los testimonios clave, que desentrañó esta trama cargada de narcopolicías, fue el testimonio de la subcomisario Stella Olivera, quien detuvo a Agüero y a su cómplice pero por orden de los jefes otros policías los liberaron. Por realizar un trabajo como marca la ley, Olivera sufrió aprietes y amenazas.

En la justicia su testimonio fue crucial. Dijo que le resultaba “muy difícil creer que el jefe de la Unidad Regional I, el subjefe y el jefe de Orden Público hayan desconocido lo que me habían referido: que el cargamento pertenecía al jefe de policía de la provincia” (en ese momento Omar Odriozola).

Siempre asomó el fantasma, y las versiones de que había un camión mellizo cuando se secuestró el cargamento de marihuana en Arroyo Leyes. Días después apareció el rumor que indicaba que un vehículo con un contenedor rojo de la empresa Hamburg había pasado por Rosario, donde estuvo estacionado en la avenida Oroño.

Principato era quien “manejaba” los camiones. Era dueño de esa flota de vehículos de carga, con base en Campana. Pero su rol en este caso quedó desdibujado a pesar que se encontró documentación a su nombre en la guantera del camión. Fue sobreseído por el juez Reynaldo Rodríguez.

No ocurrió lo mismo con otra causa en Corrientes, en el juicio que se lleva adelante allí empieza a aflorar el perfil criminal de Principato, quien fue detenido por efectivos de la Policía Federal junto con su padre Edgardo, que meses después falleció aunque antes había sido sobreseído, tras el testimonio de su hijo que asumió todas las culpas.

En el engranaje del negocio del narcotráfico, la logística es lo que representa mayores costos, por el factor riesgo. Los que se dedican al traslado del estupefaciente hasta el punto de destino, en este paso la provincia de Buenos Aires, usan empresas legales.

El que lleva la carga es un camionero, pero casi nunca es el dueño de la compañía. Sabe lo que lleva, y el riesgo que representa, pero su paga será mucho mayor. Se usan también vehículos de apoyo, los llamados puntas o punteros, que van adelante del camión con el objetivo de observar si hay controles inesperados de Gendarmería o la Policía. Si existen retenes se comunican con el camionero y le avisan que tome por otra ruta o que retorne.

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