Causa D4: “Claramente las políticas de transparencia de Grau molestaron a alguien”

Lo dijo por Será Justicia Miguel Ángel Pierri, abogado defensor de Rafael Grau. Tras las imputaciones a Odriozola y Miño la causa se encuentra cercana a la presentación de la acusación.


 

Redacción Aire Digital

La causa que investiga las defraudaciones al estado a través de presuntos arreglos a los móviles policiales llegó a su etapa definitoria. De los ocho involucrados iniciales que imputó el fiscal Roberto Apullán, el único que insiste en su inocencia es el ex jefe de la policía Rafael Grau.

El abogado defensor de Grau, Miguel Angel Pierri, se refirió a la causa por Será Justicia tras la imputación realizada a los ex jefes Odriozola y Miño en Será Justicia, y dijo que la investigación estuvo “direccionada” para perjudicar a Grau.

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Un jefe de poco tiempo

Pierri cuestionó la imputación que recae sobre Rafael Grau como jefe de una asociación ilícita operativa por lo menos por el plazo de dos años: “lo acusan de jefe de la ilícita y estuvo al frente de la fuerza solamente 6 meses. Y el fiscal Apullán no podía desconocer quienes eran los jefes anteriores”.

El letrado insistió con que “desde el primer momento cuando estaba Apullán (al frente de la causa) direccionó la acusación a Rafael Grau como jefe de la asociación”. Pierri recordó que desde el trabajo de la defensa “siempre le preguntamos quienes eran los jefes anteriores. Por trabajo de esta defensa se llegó a la conclusión de que debían imputar al jefe anterior que es Odriozola”.

Esta atribución fue concretada por Mariela Jimenez y Ezequiel Hernandez a principios del mes de septiembre, como paso previo a la presentación de la acusación para elevar la causa a juicio. (ver Nuevas imputaciones)

 

Trato desigual

El letrado cuestionó también la diferente suerte que corrió su defendido en relación al resto de los imputados: “mire que raro que es esto que Grau y Villanueva perdieron la libertad, con la misma atribución que se les da a Odriozola y Patriarca, que no fueron detenidos. El trato no es equitativo para los imputados en esta causa”.

En este sentido comparó los procedimientos abreviados firmados por los coimputados, en algunos casos con penas privativas de la libertad y compensaciones económicas al Estado por montos superiores a los 600 mil pesos.

“Vamos a demostrar la inocencia de Grau. Aparentemente el perjuicio que se le atribuye a Grau es de 50 mil pesos” graficó Pierri.  “¿Imaginan un jefe de una asociación ilícita detenido por 50 mil pesos? Ustedes saben los arreglos de los abreviados y los altos montos que tuvieron que reparar el resto de los imputados, cercanos al millón de pesos. El reclamo de la provincia a Grau no va a superar los 50 mil pesos” insistió. (ver Condenados)

 

Una denuncia anónima que no fue tal

Con el avance de la investigación se desvirtuó también lo manifestado por el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro en su momento, que la causa se inició por una denuncia anónima que recibió en su despacho.

Según manifestó Pierri, el actual funcionario del MPA Diego Poretti, en su momento funcionario de la cartera que dirige Pullaro, al declarar en la I.P.P manifestó que “él conoce quien le acercó (la denuncia) pero no podía brindar el nombre. A la denuncia esa persona se la dio en mano” y para que no quede lugar a dudas, insistió: “el funcionario Poretti fue categórico: recibió la denuncia en mano en su despacho y va a reservar el nombre de esa persona para cuando sea el momento”.

El letrado explicó que la denuncia hacía referencia a una serie de “irregularidades que funcionaban en el marco del D4”, y a partir de esas irregularidades se realizaron una serie de medidas investigativas. Como el responsable de la política institucional es el jefe de policía, “se hizo caer (la denuncia) sobre Grau”.

 

Un “ejemplo de funcionario”

Rafael Grau asumió la jefatura de policía en septiembre de 2015, sobre el final de la gestión de Antonio Bonfatti. En el mes de diciembre presentó la renuncia, que no fue aceptada y Grau siguió en funciones hasta marzo de 2016.

“Imagínese que más allá de lo que pueda demorar una persona en tomar el control funcional de una fuerza, Grau estuvo prácticamente corriendo por toda la provincia para agarrar a los prófugos del triple crimen y después intentando de organizar su policía” recordó Pierri.

En este sentido, el defensor de Grau manifestó que “el testigo Barrios hace una descripción clarísima del desorden con el que se maneja esa dependencia. Grau había creado un sistema de control, normas operativas, para lograr la transparencia de los actos. Bueno claramente la política de Grau molestaba a alguien”.

Por último, Pierri expresó que “estamos convencidos que Grau es víctima de una interna de la cual el es ajeno, es un funcionario honorable. Sé quién es como persona y quedó en el medio de una interna de la fuerza. Puedo entender la problemática que tuvo que observar el ministro Pullaro, pero Grau no era una de las personas que debería haber observado, es un ejemplo como policía” culminó.

 

Audio ► La palabra de Miguel Angel Pierri en Será Justicia

 

Nuevas Imputaciones

Omar Odriozola fue imputado por la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. El período en el que se investiga la comisión de los delitos por parte de Odriozola es entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico asciende a 1.058.664,20 pesos.

En tanto a Hugo Miño, quien fue jefe de la Unidad Regional I y también fue jefe de Logística de la Jefatura de Polícía, le atribuyeron la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con la coautoría del delito de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. El período de tiempo en el que se investiga la comisión de los ilícitos es entre enero y septiembre de 2015, y el perjuicio económico asciende a 1.204.759,64 pesos.

Por último, a quien fuera el habilitado de la policía, Patriarca, se le atribuyó el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. En este caso, la investigación es por la comisión de los ilícitos entre enero y marzo de 2015 por un perjuicio que asciende a 301.624,96 pesos.

 

 Condenados

Quienes ya fueron condenados por estos hechos son los policías Ariel Hernán Villanueva y José María Leiva, y los civiles Andrés Daniel Soto, Facundo José Testi, Noelia Biscari y Artemio Biscari.

Ariel Hernán Villanueva desempeñaba como Habilitado de la policía santafesina. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 795.922 pesos al Estado como reparación del perjuicio patrimonial que generó y debió donar otros 600 mil pesos a cinco entidades de bien público.

José María Leiva fue jefe del departamento de Logística de la Policía Provincial. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 204.420,50 pesos en concepto de reparación al Estado; una multa de 90 mil pesos (el monto máximo que permite la ley) al MPA y debió donar 150 mil pesos a entidades de bien público.

Por otra parte, el chapista Andrés Daniel Soto fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena que se le impuso fue por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita (en carácter de miembro) y coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (entre abril de 2015 y febrero de 2016), ambos delitos en concurso real. También fue condenado como autor de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.

También fue condenado el civil e imputado arrepentido Facundo José Testi. La pena que se le impuso fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, debió pagar 1.430.836,67 pesos en concepto de reparación por el perjuicio patrimonial que causó; debió donar 1 millón de pesos a entidades de bien público y pagó una multa de 90 mil pesos al MPA.

Por último, hay otros dos civiles que también fueron condenados. Se trata de Noelia Biscari y Artemio Biscari, a quienes se les impusieron penas de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, debieron pagar 90 mil pesos de multa al MPA (cada uno) y debieron donar 90 mil pesos (cada uno) a entidades de bien público. Fueron condenados por la autoría del delito de asociación ilícita (en carácter de miembros) en concurso real con defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

 

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