El lunes pasado, en la audiencia en la que volvió a quedar imputado, esta vez por cerrar una causa de contaminación ambiental en la Petroquímica Bermúdez, Patricio Serjal se acercó a uno de los fiscales y le transmitió que quería declarar en la causa de juego clandestino.
Según la junta médica, el exfiscal Patricio Sejal “padece una angustia profunda por el encierro” que lo llevó a bajar 26 kilos.
CortesíaEn ese caso ya lo hizo el otro funcionario del MPA que está preso, Gustavo Ponce Asahd, el 4 de diciembre pasado. Su testimonio generó un escándalo político que tuvo al senador Armando Traferri como protagonista, después de que el Senado impidiera que fuese imputado al no retirarle sus fueros parlamentarios.
Cuatro días después de que Serjal insinuara su intención de declarar, el juez Juan Carlos Leiva autorizó que el exfiscal Regional de Rosario continúe con su detención en su domicilio, luego de que cuatro psiquiatras coincidieran que el exfuncionario acusado de cobrar coimas “padece una angustia profunda por el encierro” que lo llevó a bajar 26 kilos desde que fue detenido en agosto pasado. Del informe de la junta médica se infiere, según fuentes judiciales, que Serjal podría atentar contra su vida.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery rechazaron llamar a declarar a Serjal en este momento. ¿Cuál es la razón? Que todo lo que diga el fiscal acusado de cobrar sobornos de Leonardo Peiti, empresario arrepentido que manejaba el juego clandestino, sería invalidado por pedidos de la defensa de otros imputados, debido a su condición psíquica.
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La maniobra de Serjal de mostrarse ahora colaborativo con los investigadores no parece la de un hombre que esté colapsado por la angustia de estar en prisión. Muestra su predisposición a ayudar en la causa cuando sabe que no lo pueden llamar en este momento, tras las recomendaciones que dio la junta médica.
Los fiscales se opusieron al pedido de la defensa de Serjal de que le morigeren la prisión preventiva con la detención domiciliaria. Pero intuían que su rechazo no iba a tener mucha incidencia en la decisión del juez tras el informe de los psiquiatras que analizaron el estado de salud del ex fiscal.
Desde agosto pasado cuando fue detenido, Serjal estaba alojado en un sector del casino de oficiales del Servicio Penitenciario de la cárcel de Piñero. Es un área aislada del resto de la población carcelaria. En ese sitio contaba con una cama, un pequeño escritorio y un baño privado, y un corredor donde poder caminar.
Durante más de tres meses compartió ese lugar con Ponce Asahad, que dormía en una habitación contigua que antiguamente había sido una oficina. Se encontraban en el corredor pero –según declaró el exfiscal de grado- “estuvieron varias semanas sin hablar”.
Después de declarar a principios de diciembre, Ponce Asahad pidió en la audiencia que fuera derivado a otro lugar de detención porque había sufrido algún tipo de amedrentamiento o amenaza de parte de personal del Servicio Penitenciario. El exfiscal está alojado ahora en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario.
Las condiciones en las que estaba detenido Serjal eran mucho mejores que las del resto de la población carcelaria, aunque no tenía privilegios. Estaba en ese lugar separado del resto de los presos, según señalaron fuentes del Servicio Penitenciario, porque por su cargo de fiscal su vida corría peligro en un pabellón común.
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En los seis meses que estuvo detenido Serjal bajó 26 kilos y sufre “angustia profunda” por el encierro, según el informe de la junta médica. Pero los médicos no recomendaron su internación. Con la morigeración de la pena, tras la decisión de cumplir la prisión en su domicilio, creen que va a mejorar su estado de salud. Es difícil que un preso común pueda ser escuchado con todos estos planteos para obtener el beneficio.
El lunes pasado, cuando a Serjal se le ocurrió proponerle a los fiscales declarar en la causa de juego, fue imputado en otra causa, en la que se sospecha que junto con el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado Guztavo Luzzini, también imputado, acordaron con el empresario Sergio Tasselli el cierre de una investigación sobre el desastre ambiental que produjo el desmantelamiento de la planta de la exElectroclor en Capitán Bermúdez. Otra mancha en el historial oscuro del exfiscal regional.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery empezaron a investigar el año pasado este tema, porque se había cerrado la investigación sobre la Petroquímica Bermúdez sin ningún motivo. Había elementos para continuar con la pesquisa sobre las causas de la “bomba ambiental”, como se denominó este episodio.
Del predio de Petroquímica Bermúdez, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió Aire de Santa Fe.
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Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. "Desaparecieron", apuntó el fiscal.
Fue clave en este caso la denuncia que presentó el Taller Ecologista, que advirtió en su momento que desde la empresa estaban sacando los tambores.
Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. "El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas", señaló un exfuncionario que investigó el caso.
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