La defensa del magistrado había impugnado la prisión preventiva –que Bailaque cumple en su domicilio–, pero el tribunal consideró que no se presentaron elementos suficientes para modificar la decisión anterior.
Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura continúa el proceso de destitución de Bailaque, quien está citado para declarar el próximo 17 de junio. Si el juez resulta separado de su cargo, perderá su inmunidad y podría ser arrestado.
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Revés judicial para Marcelo Bailaque
La defensa de Bailaque había solicitado la revisión de la resolución, argumentando que la decisión carecía de una adecuada fundamentación y que debía ser modificada. Sin embargo, el Tribunal consideró que no se presentaron razones suficientes para declarar la medida como arbitraria ni para revocar la prisión preventiva.
En su fallo, los jueces de la Cámara explicaron que la impugnación no lograba demostrar la existencia de una cuestión federal relevante ni de arbitrariedad en la decisión tomada, por lo que desestimaron el recurso. En consecuencia, la prisión preventiva del juez federal quedó ratificada.
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Marcelo Bailaque, un juez en el banquillo de los acusados.
Este fallo se produce a dos semanas de la presentación de Bailaque ante el Consejo de la Magistratura, donde fue evaluada su conducta y su continuidad en el cargo. La defensa del juez había mantenido la expectativa de una modificación de la medida cautelar, pero con esta resolución, la Justicia reafirma su postura.
Las causas contra Marcelo Bailaque
Bailaque se encuentra bajo la lupa de la Justicia por no haberse excusado de intervenir en una investigación de una causa contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista, y la cual se tramitó en el 2013.
Según la investigación, el magistrado tenía como asesor contable personal a M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014. Otra de las investigaciones, apunta al desempeño del juez en el marco de un proceso judicial que involucró a dos cooperativas (Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y una financiera cuyo titular habría sido Fernando Whpei, señalado como amigo del juez.
Esa causa judicial se inició en 2019 en el Juzgado Federal de Campana y derivó en la detención del titular de la Cooperativa, quien fue acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado y asociación ilícita. En el marco de ese proceso judicial, las cuentas bancarias, cajas de ahorros y depósitos a plazo fijos fueron embargados. Sin embargo, con posterioridad, el Juzgado declaró la incompetencia territorial del caso y envió las actuaciones al Juzgado de Bailaque en Rosario.
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Cuando se radicó el expediente en suelo rosarino, el juez investigado liberó los fondos de la Cooperativa en diciembre del 2020 (por sumas cercanas a los 150 millones de pesos) que la entidad opere financieramente con una sociedad anónima y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente sería Whpei.
Por otra parte, el magistrado afronta otra acusación en donde le imputan los delitos de buso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato, a partir de un legajo judicial en donde se investigó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa cuya investigación se tramitó en el Juzgado de Bailaque.
El acta de la Cámara Federal de Casación Penal
ACTA DE SUSTANCIACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN (ART. 362 DEL CPPN) (1).pdf
