¿Por qué el hombre que había disparado el 28 de setiembre contra el edificio de los tribunales federales de Rosario desaparecía esa madrugada en el registro de las cámaras de seguridad en San Lorenzo y Oroño, pleno centro de Rosario? Era uno de los dilemas que no podían resolver los investigadores de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. Había una simple razón que después descubrieron: el hombre que disparaba contra el edificio se perdía en las imágenes de las cámaras de seguridad en ese lugar porque vivía en San Lorenzo al 2200, a cuatro cuadras de los tribunales federales. Guillermo C. entraba a una casa, que su madre cuidaba –pertenece a una mujer que vive en Estados Unidos– y que él habita desde hace varias semanas. Por eso, el trabajo de la Unidad Antiterrorista fue casi de una orfebrería digital, porque tuvieron que reunir las imágenes de las cámaras privadas y públicas, y registrarlas cuadro por cuadro para resolver el misterio.
Guillermo C. fue atrapado el miércoles cuando manguereaba la vereda de la casa donde vivía en pleno centro de Rosario. Vestía pantalones cortos y una remera. Esa mañana se acercaron dos policías de civil y lo rodearon. Después se sumaron más efectivos y lo sentaron en el piso hasta que le pusieron las esposas. El plan de la Policía Federal, según explicó a Aire de Santa Fe el jefe de esa fuerza en Rosario, Víctor Chanenko, era detenerlo fuera de su casa. El inmueble fue allanado minutos después. Esa manera de actuar en la calle respondió a que querían evitar que Guillermo C. se deshiciera de su celular y de otras pruebas si allanaban la residencia donde vivía. Primero lo detuvieron y después ingresaron a la casa.
El fiscal federal Javier Arzubi Calvo tenía evidencia suficiente para su detención, después del trabajo que la Unidad Antiterrrista había realizado con las cámaras de seguridad públicas y privadas, y también con otras pruebas que se habían obtenido. Después del atentado del 28 de setiembre, Guillermo C. tiró en el contenedor de la basura de calle San Lorenzo al 2200 un blíster de tarjeta SIM de celular y papeles con anotaciones. La PFA no logró secuestrar el arma que utilizó la madrugada del 28 de setiembre para hacer dos disparos, uno de los cuales atravesó la garita de seguridad que usa la Prefectura Naval, cuyos guardias a esa hora dormían dentro del edificio de Oroño 940, según admitieron al fiscal.
En la investigación se detectó que Guillermo C. mantenía comunicaciones permanentes con la cárcel de Rawson. Aunque se deshizo de varios chips de celular que cambiaba de manera permanente los efectivos de la Unidad Antiterrorista de la PFA lograron establecer a través de información suministrada por las empresas telefónicas que se conectaba a un celular en Rawson y recibía llamadas del teléfono público del penal.
Ahora se trata de establecer con qué preso se contactaba en esa unidad penitenciaria. El fiscal Arzubi Calvo ordenó que se extraiga la información de la tarjeta SIM que fue secuestrada en el contenedor de basura. Y se presume que esos datos van a confirmar la hipótesis de que Guillermo C. recibía órdenes de René Ungaro, un jefe narco de Rosario que opera en alianza con Alan Funes. Ungaro, condenado por narcotráfico y homicidios, suma más de 50 años de condena en ambos fueros, fue trasladado desde el penal de Ezeiza a Rawson con extremo bajo perfil, según confirmaron fuentes de la justicia federal.
El traslado de Ungaro a la Patagonia ocurrió después de que el fiscal Patricio Saldutti imputara el 9 de setiembre a Fernando Cortéz, de 45 años y a su hijo Lautaro, de 19, por el doble asesinato de Claudia Delddebio y de su hija Virginia Ferreyra, quienes fueron atacadas a balazos el 23 de julio en la parada de colectivos del Parque del Mercado. “Se buscó causar temor en la zona y herir o matar a alguna persona ajena al conflicto” narco, resumió Saldutti en la imputación contra los Cortéz. Claudia y Virginia fueron asesinadas al azar. Es decir, el objetivo de Cortéz, por orden de Ungaro, era matar a alguien que estuviese en la calle. El objetivo era generar terror.
Fernando Cortéz, que está detenido junto con su hijo desde el 8 de setiembre pasado, fue acusado también de atentar contra el distrito Sur de la Municipalidad de Rosario. El 4 de setiembre Cortéz disparó contra el edificio estatal y dejó una nota que decía: “Guille Cantero, controlá a tus gatos. Matías César Pino, Los Picudos, los que están batiendo la cana. Atte: La mafia”. El mensaje iba dirigido a la banda de Los Monos, que se expandió hacia territorios antes dominados por Ungaro.
Ungaro, desde el penal de Ezeiza, donde estaba hasta su traslado a Rawson, ordenó que sus sicarios salieran a disparar contra personas inocentes, de acuerdo a la investigación. Usó a la misma gente, en este caso a Fernando Cortéz, para atentar contra el edificio municipal. Y la sospecha de la justicia federal es que también ordenó luego desde Rawson, donde lo trasladaron tras el doble crimen de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra, disparar contra el edificio de los tribunales federales.
Se suma otra hipótesis: la amenaza contra los periodistas que apareció el martes pasado en la puerta de Telefé Noticias de Rosario. En una tela que colgaron en la reja del perímetro del canal el mensaje que estaba escrito con letras rojas era claro y directo: “A todos los medios de Rosario…dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode”.
Una de las hipótesis de la investigación apunta a que esta amenaza fue en realidad el plan B. La idea original era disparar el lunes a la madrugada contra el canal, pero algo falló. Aire de Santa Fe publicó el martes pasado que esa pista apunta a que la orden de atentar contra el canal salió de la cárcel de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario. Horas después de que apareciera la amenaza el fiscal Federico Rébola ordenó que se requisara el pabellón 13, donde está detenido un sicario de la banda de Los Funes, aliados con René Ungaro, que se llama Iván Gutiérrez.
Gutiérrez es el novio de Solange Funes, hermana del líder del clan que está detenido en el penal de Ezeiza. Lolo, como lo apodan a Gutiérrez, está preso por una investigación que realizó la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Balaceras. Era uno de los sicarios más activos de Funes, según detectó la causa. En las escuchas telefónicas de la carpeta judicial se advierten las órdenes que Funes le daba a Lolo a través de su hermana, que por ejemplo le recrimina no haber guardado el arma que usó para matar a una persona. “Con la pistola esa matates. Por qué no la guardaste. Te lo dije mil veces”, le dijo Solange a Gutiérrez el 13 de octubre de 2021. Ese día la policía realizaba un operativo en el barrio La Tablada, donde operaba Gutiérrez, y corría riesgo de ser detenido con el arma que –según su pareja- había usado en asesinatos. “Tiene las huellas de todos”, admitió Lolo esa tarde.
Según información que está en manos de la justicia provincial, Gutiérrez mantuvo comunicaciones el domingo pasado con miembros del clan Funes-Ungaro, que habrían estado preparando el ataque que finalmente se frustró contra canal 5, donde apareció el martes el cartel con la amenaza.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque a los tribunales federales y la amenaza que apareció en canal 5 lo habría planeado el clan Funes-Ungaro, como venganza al traslado de El Brujo, como es conocido Ungaro, al penal de Rawson. Una secuencia similar ocurrió en mayo de 2018, cuando Ariel Cantero fue trasladado del penal de Piñero a la Unidad Penitenciaria Federal Nº7 de Resistencia, Chaco. El líder de Los Monos comenzó a partir del 29 de mayo de ese año un plan para atentar contra edificios judiciales y residencias de magistrados. Fue condenado a 22 años de prisión por considerarlo el ideólogo de siete de los 10 atentados que se juzgaron. El “traslado” equivale, según apuntaron los investigadores, a perder por un tiempo cierta cuota de poder con el territorio.
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