La defensa de las imputadas había solicitado la revocación de las sentencias argumentando que no se había aplicado una adecuada perspectiva de género. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el máximo tribunal.
Las mujeres condenadas, Natali Castelli, Georgina Ayelen Fernández y Natali Macedo González, recibieron penas de seis años y medio, y seis años de prisión respectivamente.
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Sus defensas argumentaron que ellas ejercieron un rol secundario en la actividad criminal, que era supuestamente encabezada por sus respectivas parejas, todos detenidos en el penal de Coronda.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron "inadmisible" la presentación, dejando así las condenas firmes. También se rechazaron, aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, las apelaciones de otros implicados como Denis Tognini, Cristian Pérez, Lucas Spada y Fabricio Monsalvo.
Narcotráfico en Venado Tuerto: investigación y modus operandi
La causa se originó en 2018, cuando la Subdelegación de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina recibió información sobre la venta de estupefacientes en una vivienda de esa localidad. Estos datos fueron corroborados por un llamado anónimo al 911 que señalaba a "el gordo Castelli" como dedicado a la venta de drogas desde esa dirección.
La investigación, delegada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto a la fiscalía, confirmó las sospechas. El 20 de noviembre de 2018, el análisis de las intervenciones telefónicas de Natalí Castelli, quien era pareja de Sebastián López (detenido en Coronda), reveló que López le proveía los estupefacientes a su pareja. A partir de allí, se intervino también la línea telefónica de López.
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La pesquisa también identificó a Georgina Fernández, pareja de Fabricio Monsalvo (también detenido en Coronda), quien comercializaba estupefacientes desde un domicilio en calle San Luis, provistos por la misma Castelli. Se supo que Fernández mantenía conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas con otra mujer llamada Florencia, de Melincué.
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Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideraron "inadmisible" la presentación.
Según la investigación, Sebastián López compartía celda con Lucas Spada, a quien también proveía de estupefacientes para su reventa a través de la pareja de este, conocida como Natalí o “Morena”. Un informe posterior de la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII determinó que López y Castelli eran abastecidos por un hombre en las inmediaciones del penal de Coronda. A mediados de enero de 2019, nuevas escuchas revelaron que Monsalvo utilizaba líneas telefónicas, una de ellas de un compañero de celda, Martín Cardozo, y se hablaba de un proveedor apodado "Palín".
La red de narcotráfico
La fiscalía estableció que la investigación se centró en dos grupos principales, uno liderado por Sebastián López y otro por Fabricio Monsalvo. Ambos, desde la cárcel de Coronda, realizaban las conexiones con proveedores de estupefacientes, mientras que sus respectivas parejas eran las encargadas de conectar con ellos y redistribuir la droga en localidades del sur de Santa Fe.
Geográficamente, la actividad ilícita se extendía desde la Unidad Penitenciaria de Coronda y sus alrededores hasta las ciudades de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y la localidad de Melincué. También se identificaron conexiones con personas en Santa Fe y Rosario, aunque no fueron completamente identificadas.
El tribunal confirmó que "la pareja de Spada y Macedo directamente comercializaban al menudeo la droga suministrada o provista por López y Castelli, siendo los últimos eslabones de la cadena de tráfico". En contraste, Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, contando con varias personas que luego comercializaban el estupefaciente al menudeo.
Detenciones y consecuencias judiciales
En febrero de 2019 se realizaron los allanamientos, resultando en el secuestro de estupefacientes y elementos para su fraccionamiento y comercialización, como recortes de nylon transparente y balanzas. Se detuvo a un total de 17 personas, incluyendo a Natalí Rafaela Castelli, Natalí Macedo González, Lucas Spada, Fabricio Monsalvo, Sebastián López y Martín Cardozo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado previamente las condenas y las penas, que oscilaron entre los 7 años y medio y los tres años de prisión por tráfico de estupefacientes para todos los involucrados.
