Ese mismo tribunal, pero con otra integración, había sobreseído a los acusados en 2021, pero el caso fue reabierta por orden de la Cámara de Casación Penal. El debate aún no tiene fecha de inicio.
Lo que tuvo que resolver la Corte Suprema fue una discusión entre dos tribunales. Por un lado, el juez nacional en lo comercial, que tramita la quiebra de Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez para llevar adelante obra pública en Santa Cruz, y debe atender los reclamos de los acreedores de esa firma. Por otro, el Tribunal Oral Federal 5, con sede en Comodoro Py 2002, que tiene en sus manos una de las causas que complica a la ex presidenta, junto a su hijo.
En el expediente se investigan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero: la hipótesis es que Hotesur y Los Sauces, sociedades que pertenecen a la familia Kirchner, fueron usadas para que Báez simulara alquileres en esos hoteles e inmuebles, como contraprestación a las obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
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Los jueces de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En esta disputa no formaron parte ni el Tribunal Oral Federal 4, que llevó adelante la condena de Lázaro Báez, por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero k”, ni el Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros, ambos expedientes con sentencia firme de la Corte Suprema.
Aquí, el tribunal oral del caso Hotesur-Los Sauces le reclamaba al juez comercial subrogante que se abstuviera de subastar los bienes de Austral Construcciones. Dijeron que ellos necesitaban asegurar activos que podían ser, eventualmente, decomisados ante una eventual condena. El juez comercial rechazo la solicitud por improcedente. Pero el TOF volvió a exhortarlo, en base a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y el juez comercial advirtió que esos activos no estaban exentos del régimen universal regulado por la ley de Concursos y Quiebras, que ninguna norma establece que puedan desafectarse bienes porque puedan ser decomisados frente a una condena penal y que, por el contrario, el artículo 23 del Código Penal deja a salvo los derechos de terceros.
La decisión de la Corte
Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, se corrió vista al Procurador General Eduardo Casal, quien señaló que el conflicto era similar a otras causas analizadas, entre ellas la mega estafa de Hope Founds –conocido como el “Madoff” argentino-, y el expediente de la financiera CBI. Casal añadió que en las convenciones internacionales y recomendaciones de organismos multinacionales –citados por el TOF en apoyo de su postura- “no se aprecia norma alguna que establezca una prioridad en la pretensión penal vinculada a la recuperación de activo producto o instrumento del delito, en detrimento del derecho crediticio de terceros ajenos al proceso”.
“Como refiere con acierto el juez comercial, también los acreedores ejercen en el marco del proceso concursal derechos a la tutela judicial, propiedad, entre otros que cuentan con igual protección constitucional”, afirmó Casal.
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Y añadió: “No advierto que la solución propuesta comprometa el curso regular del proceso penal, que ya ha llegado a la etapa de juicio y cuya celebración se encuentra sujeta al resultado de las apelaciones pendientes”.
Sobre esa base, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidió seguir el lineamiento de la Procuración y validó que el juzgado comercial avance en las subastas.
La quiebra de Austral Construcciones
Cuando Báez comenzó a ser investigado penalmente, sus bienes y los de sus compañías quedaron embargados por la Justicia federal. En mayo del 2018, el juez Julián Ercolini había ordenado embargos sobre bienes. Pero tras ser elevada juicio oral, la causa Hotesur-Los Sauces se frenó en 2021: dos jueces de ese tribunal dijeron que no había delito y decidió sobreseer a todos los acusados.
La fiscalía apeló. Recién en septiembre del 2023 los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocaron los sobreseimientos contra todos los acusados, salvo Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta, que quedó desvinculada del proceso. La fiscalía no apeló esa decisión. Las defensas sí apelaron y la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos y ordenó en diciembre del 2024 que se hiciera el juicio oral. Con una nueva integración, ese debate aún no tiene fecha de inicio.
En paralelo, en la justicia comercial, el 27 de junio de 2018 se decretó la quiebra de “Austral Construcciones” y en 2023 los bienes de la compañía comenzaron a ser rematados: vehículos, maquinarias viales, herramientas, bienes de uso, inmuebles. El dinero obtenido sirvió principalmente para pagar deudas con AFIP y el Banco Nación y para abonar los gastos de honorarios de la quiebra.
