“Voy a seguir luchando hasta que encuentre los huesos de Paula. A lo mejor encuentro yo primero la muerte, pero hasta ese momento voy a seguir”, dijo este martes Alberto Perassi, con los ojos llenos de lágrimas al igual que su esposa, instantes después del fallo que ratificó las condenas por la desaparición de su hija: 17 años para el empresario Gabriel Strumia, 6 años y 6 meses para su mujer Rosana Michl, y la detención inmediata de ambos.
“Por lo menos es algo, es una aspirina para un cáncer”, insistió el papá de la joven de San Lorenzo desaparecida en 2011, en referencia a la cadena de encubrimientos y colaboraciones que debieron tener Strumia y Michl como para desaparecer el cuerpo de Paula y que casi una década después no se lo haya podido ubicar.
El tribunal integrado Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali confirmó el fallo de segunda instancia por el delito de privación ilegal de la libertar coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada. Strumia en calidad de autor y su esposa como partícipe secundaria. A diferencia de la sentencia anterior, el tribunal decidió que debían quedar en prisión preventiva de inmediato, por lo que fueron trasladados a una unidad penal. Para esa decisión consideraron que existe una base probatoria importante, la expectativa de pena alta y que la víctima o su cuerpo siguen desaparecidos.
Hay dos valoraciones especiales que tuvo en cuenta el tribunal para determinar la detención inmediata de los acusados. La primera es la perspectiva de género del caso. La segunda es “el crimen sin cuerpo”, cuyo enfoque se hizo en función de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que cuando se trata de la desaparición involuntaria de una persona el delito se sigue cometiendo hasta tanto aparezca o se hallen sus restos.
Paula Perassi está desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011. Alrededor de las 20 de ese día salió de su casa y nunca volvió. Sus hijos en ese entonces tenían 6 y 2 años. Su esposo radicó a la mañana siguiente la denuncia.
La principal hipótesis que manejaron los fiscales de primera instancia y la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren es que Perassi, que mantenía una relación sentimental con Strumia, fue privada de su libertad y llevada por la fuerza a abortar, instancia en la que perdió la vida.
Sin embargo las pruebas no alcanzaron para demostrar toda esa secuencia. Incluso en las instancias anteriores estuvo sentada en el banquillo Mirta Ruñisky, una mujer que la fiscalía acusaba de haber realizado el aborto, pero fue absuelta en primera y segunda instancia por el beneficio de la duda.
Eso explica que el delito imputado a Strumia y Michl sea “privación ilegal de la libertar coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada”. Hasta allí es lo que se pudo comprobar. Si bien no hubo posibilidades de exámenes genéticos para verificar la paternidad de Strumia, ya que nunca aparecieron los restos de Paula y el feto, los entrecruzamientos de las líneas telefónicas, mensajes de texto, charlas a través de internet y otras pruebas testimoniales arrojaron la certeza de que el embarazo de Paula era producto de ese vínculo.
La investigación judicial estuvo contaminada y manipulada desde un principio, al tiempo que la vida de la familia Perassi se volvió un calvario y un peregrinar en busca de respaldo y ayuda en San Lorenzo, en la Justicia y ante el poder político.
Después que la investigación no avanzara en los tribunales de San Lorenzo, en abril de 2015 los fiscales de Rosario Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron la detención de nueve personas entre civiles y policías. Ahí tomó vuelo la hipótesis del crimen y una red de encubrimiento para la desaparición.
En mayo de 2019 se leyó el primer fallo sobre el caso. Un tribunal pluripersonal absolvió a todos los acusados por el beneficio de la duda. Siete meses después un tribunal de Cámara revocó parcialmente esa sentencia: condenó a Strumia a 17 años de prisión, a Michl a 7 y mantuvo la absolución para el resto por el mismo motivo.
La defensa del matrimonio que vive en Puerto San Martín hizo una apelación horizontal, por lo tanto un tribunal de mismo nivel, pero integrado por otros tres magistrados, revisó el fallo de sus colegas con el resultado anunciado ayer.
La ratificación de la condena por parte de los jueces Alonso, Sansó y Mascali agota la vía de apelación ordinaria para el matrimonio Strumia-Michl, quedándoles sólo la posibilidad de recurrir por vía extraordinaria a la Corte Suprema provincial.
En tanto, según explicó ayer la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren, la querella en nombre de los padres de Paula mantiene apelada por otra vía las absoluciones del resto: Antonio Díaz, empleado de Strumia; los efectivos policiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los jefes Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol. Los uniformados fueron acusados de encubrimiento y hacer desaparecer pruebas, entre otros delitos.
Los padres de Paula llevan casi una década reclamando saber qué pasó con su hija. Insisten en que al menos quieren saber “qué hicieron con ella para recuperar los huesos”, como le dijo Alberto Perassi a Gabriel Strumia mirándolo a la cara en la audiencia final de noviembre de 2019.
Durante estos años se convirtieron en un emblema de lucha por Justicia. Además de la tristeza por la desaparición de su hija fueron amenazados y durante años vivieron con custodia. Alberto agradeció ayer entre lágrimas “a toda la comunidad de San Lorenzo” y a todos los que estos años fueron parte del reclamo por Paula.
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