viernes 15 de octubre de 2021
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Caso Oldani: nuevo aval a la investigación federal sobre la posible existencia de una cueva financiera

La causa se encamina al tramo final antes del pedido de elevación a juicio. Hay diez personas imputadas. Mientras tanto, la Justicia federal también investiga si la fiscal provincial Cristina Ferraro cometió delitos.

Las últimas semanas trajeron decisiones clave que avalan las investigaciones realizadas hasta ahora por la Justicia Federal de Santa Fe sobre la posible existencia de una cueva financiera en las oficinas de Oldani Turismo -empresa que funcionó hasta el 11 de febrero de 2020, cuando asesinaron a su propietario, Hugo Oldani- y las supuestas irregularidades cometidas por una fiscal de la provincia luego de aquel homicidio ocurrido en pleno centro de esta ciudad.

Primero, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, Fernando Arrigo, avaló cada uno de los argumentos esgrimidos por el juez federal Marcelo Bailaque para procesar por el delito de intermediación financiera no autorizada a María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo. La otra persona procesada fue la hija del empresario, Virginia Oldani, quien no apeló la decisión del juez Bailaque.

Luego, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmaron que la causa que investiga a la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Cristina Ferraro, debe continuar en manos de la Justicia federal, a pesar de que la fiscal sospechada considera que el caso debería estar en manos de la Justicia de Santa Fe.

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Después de la muerte de Oldani, la policía fotografió más de 1 millón de dólares y más de 3 millones de pesos que estaban en las oficinas. Sin embargo, ese dinero desapareció.

Después de la muerte de Oldani, la policía fotografió más de 1 millón de dólares y más de 3 millones de pesos que estaban en las oficinas. Sin embargo, ese dinero desapareció.

Ahora, los camaristas federales rechazaron el pedido de nulidad de dos imputados por el posible funcionamiento de una cueva financiera, quienes consideraron que existieron fallas procesales en el momento en que fueron indagados.

Se trata de Carlos Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, operadores financieros del Grupo Carey de la ciudad de Rosario. Según los abogados defensores, en el momento de las indagatorias estas dos personas no fueron informadas adecuadamente sobre qué delitos se les imputa. Aludieron que "la simple mención de distintos tipos de operatorias financieras supuestamente prohibidas o sin autorización, en modo alguno satisface las garantías que debe reunir ese acto procesal".

Sin embargo, los camaristas de Rosario dieron por válidas ambas indagatorias: "Se les describió en forma suficiente el hecho que se les atribuyó con todas las circunstancias jurídicamente relevantes". Además, "los imputados o sus abogados pudieron solicitar que se aclararan los conceptos que no hubieran entendido" en el momento.

¿Qué se les imputó a estas dos personas durante sus declaraciones?... Según se desprende de las actas, se les planteó lo siguiente.

“…A partir de fecha indeterminada pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el día 11 de febrero de 2020, en los locales ubicados en calle La Rioja 2441/5 (Galería Rivadavia) de la ciudad de Santa Fe donde funcionaba la firma Turismo Oldani, el fallecido Hugo Ernesto César Oldani tenía la sede central de sus negocios y en ese marco se habrían llevado a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del nombrado y terceras personas, quienes no estaban habilitados para realizarlas.

Tales actividades, se pueden agrupar en cuatro modalidades:

1) La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación;

2) La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado sobre el monto al momento de la entrega del efectivo;

3) La colocación de los recursos financieros obtenidos que a su vez pueden subclasificarse en tres modalidades:

a) préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de éstos últimos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas); b) préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento y c) préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento;

4) La utilización del mecanismo en virtud del cual los particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.

En este contexto, usted -refiriéndose a Carlos Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo- en su carácter de operador del Grupo Carey S.A., que tiene asiento en la ciudad de Rosario, habría realizado aportes participando en las operaciones con cheques antes aludidas, recepcionando los títulos de Hugo Ernesto César Oldani, e interviniendo en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior…”.

Una causa que se encamina hacia el juicio

El caso Oldani atraviesa instancias decisivas antes de ser elevado a julio. Luego de que el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, Fernando Arrigo, avalara los argumentos para procesar a los sospechosos, la causa llegó a los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Si estos magistrados coinciden con las miradas de Arrigo y del juez Bailaque, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez -a cargo de la investigación-, estará en condiciones de solicitar que el caso sea elevado a juicio.

Según el fiscal general Fernando Arrigo, "los fundamentos que esgrimió el juez de primera instancia resultan suficientes con el grado de probabilidad que esta etapa requiere para tener por acreditados los hechos atribuidos a los imputados y la correspondiente responsabilidad que en los mismos les cupo a cada uno".

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