Avanza una causa contra Julio De Vido por un convenio millonario para crear el sistema de televisión digital
La Corte Suprema rechazó un planteo de Julio De Vido y ordenó que prosiga la investigación sobre una contratación vinculada a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital con un supuesto sobreprecio del 56%.
Julio De Vido está siendo investigado por una supuesta contratación con sobreprecios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contra su procesamiento en una causa que investiga el presunto fraude al Estado en la contratación para la Universidad de San Martín (Unsam) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t)por más de 300 millones de pesos, con un supuesto sobreprecio del 56%.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “falta de sentencia definitiva” el recurso que había presentado la defensa de Vido contra el procesamiento dispuesto por la Cámara Federal en 2024.
La causa se había iniciado en 2016 para investigar si en el marco de los acuerdos celebrados entre el entonces Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín para la creación de un sistema de televisación, los funcionarios públicos que intervinieron teniendo a su cargo la administración de dineros públicos violaron los intereses confiados con la colaboración de los particulares que actuaron y causaron un perjuicio al patrimonio estatal.
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Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En marzo de 2024, el juzgado federal 11 dictó los procesamientos del exsecretario del Conejo Asesor creado al efecto, Luis Alberto Vitullo; del exrector de Unsam Carlos Rafael Ruta; del arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y de Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.
Las defensas apelaron, al igual que la fiscalía que reclamó incluir a De Vido. La Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia parcial de Roberto Boico, confirmó los procesamientos, pero entendió que las maniobras también alcanzaban a De Vido, que había sido sobreseído en el expediente y ordenó procesarlo.
“La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas. No puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas. De esa forma, la supuesta realización de los hechos habría sido llevada a cabo a través de conductas concretas desplegadas por ese funcionario público, lo que amerita considerarlo al menos en esta instancia coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En función de lo advertido, corresponde revocar su sobreseimiento y dictar su procesamiento en tal sentido, teniendo especialmente en consideración que para ello se cuenta con expreso pedido de la fiscalía, que la instrucción -como se vio- ha colectado las pruebas que resultan suficientes para arribar a esa decisión”, se resolvió.
La defensa de De Vido apeló, pero la decisión fue respaldada en la Cámara Federal de Casación Penal. En ese contexto, se presentó un recurso extraordinario que llegó en queja ante el máximo tribunal. La Corte Suprema desestimó el pedido porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
