Sobran el fuego, las vacas y los terraplenes en las islas del delta medio del río Paraná, donde falta control y gestión para cuidar el estado de uno de los ecosistemas más importantes del país por los innumerables servicios ambientales que presta.
El Delta fue gravemente afectado por incendios y otras intervenciones humanas.
Esta región, que abarca parte de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, es el mayor sistema de humedales de la Argentina y fue gravemente afectado por incendios y otras intervenciones humanas durante los últimos 4 últimos años, en paralelo con una bajante extraordinaria.
Según un informe publicado en octubre por las organizaciones que conforman Humedales sin Fronteras “pasan las gestiones, pero persisten las quemas y quedan ecosistemas y comunidades afectadas”.
A eso se le suma que no hay datos recientes sobre la pérdida de biodiversidad que ocasionaron los numerosos incendios durante largos meses, un problema mayor a la hora de poder siquiera empezar a pensar políticas o planes de cuidado de la naturaleza de la zona.
“Efectuar relevamientos periódicos que determinen el nivel de pérdida de biodiversidad como consecuencia del fuego, es esencial para llevar a cabo medidas de restauración necesarias y eficaces, sobre un estudio técnico-científico que brinde información sólida acerca del estado actual de los distintos ecosistemas afectados”, dice el documento que firman Cauce, el Taller Ecologista, CasaRío y FARN.
Incendios históricos
El territorio del delta del Paraná fue quemado de forma intencional como nunca antes entre mediados de 2019 y 2023, más que nada con fines productivistas. Según la respuesta a un pedido de información pública realizado por FARN sobre la magnitud de estas quemas, los reportes provinciales sobre la superficie incendiada “no reflejaron o reflejan la mayoría de la actividad de fuego en la región del Delta del Paraná".
"Por tal motivo -añaden- desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se mantiene un seguimiento mediante imágenes satelitales y anomalías termales con los que se generaron los mapas en adjunto (Delta 2020, Delta 2021 y Delta 2022, ene-nov), en cada uno de ellos se podrá observar la distribución y superficie aproximada de los incendios”
¿Qué dicen entonces esos datos, que pueden considerarse oficiales, que aparecen en la respuesta del SNMF al pedido de la FARN?
- En 2020 (el peor año en cantidad de incendios) se quemaron 509.637 hectáreas
- En 2021 fueron 155.860
- En 2022 unas 387.283 hectáreas.
- En total, 1.052.780 hectáreas, casi la mitad del territorio de ese delta.
Estos datos pueden contrastarse con los que elabora el museo Antonio Scasso de San Nicolas, que contabilizó en 2022 un total de 25.987 focos de calor, contra 39.663 focos de calor en 2020 y unos 26.000 en 2022.
Eso da, para el período 20/21/22, un total aproximado de 91.650 focos. Para cada foco se calcula una superficie afectada promedio de unas 14 hectáreas, por lo que la superficie total quemada en esos tres años fue de 1.283.100 hectáreas, según esa institución.
Un plan en el cajón
Un agravante a la crisis socioambiental sin precedentes que atravesó la región en los últimos cuatro años es que no sólo hubo advertencias por parte de las organizaciones respecto a lo que podía pasar, sino que ya había un plan de gestión diseñado después de las quemas de 2008, el llamado plan Piecas, cuya ejecución hubiera ayudado a mitigar los efectos devastadores que dejó el fuego.
En el informe de octubre de Humedales sin Fronteras se recuerda que, a inicios del 2020, cuando ya se advertía un alto riesgo de incendios de gran escala por el escenario de sostenida sequía y bajante histórica del río Paraná “y sobre lo cual se llamó la atención oportunamente a las autoridades, FARN, Fundación CAUCE, Casa Río y Taller Ecologista exigieron una implementación urgente del PIECAS-DP”.
“Este reclamo construía sobre lo ya trabajado desde hace años con las distintas administraciones en todos los niveles, y que apenas mantuvieron en funcionamiento o directamente desactivaron el PIECAS-DP9”.
Gestión a medias
El trabajo menciona también que, según información difundida desde el ministerio de Ambiente de Nación este año, durante el último tiempo se pusieron en marcha cinco faros de conservación en la zona del Delta y que para el seguimiento y control de estos se crearon dos centros de monitoreo, a lo que se le suman 11 estaciones meteorológicas, 110 cámaras trampa y 11 drones con cámaras térmicas.
“Si bien la iniciativa de Faros de Conservación fue un primer avance para buscar una solución a la gestión territorial del Delta, según la información disponible, ésta no ha contado con la participación de las personas que viven en los territorios que es central para su desarrollo e implementación, ni supone avanzar en lo más crítico para revertir la crisis del Delta, que es ordenar las actividades humanas”.
Aún con los Faros de Conservación en marcha “los incendios continuaron, estando muchas veces a solo metros de espacios reconocidos como un Faro de Conservación”.
Desde la FARN, CAUCE, Casa Río y Taller Ecologista, en un documento conjunto sobre esta iniciativa gubernamental, se señaló que “era necesario revertir el orden de sus prioridades, pasando a ser el ordenamiento territorial el primer paso como medida de fondo para detener y prevenir incendios”.
Un territorio sin orden
Las organizaciones lo han repetido una y otra vez: el trabajo estratégico de ordenamiento ambiental del territorio “deberá incorporar ejes que permitan atender las construcciones de terraplenes y endicamientos, la compleja situación de las pesquerías del Paraná Inferior -en resguardo de la fauna íctica y de las comunidades pesqueras de las tres provincias- los impactos derivados de la minería de arenas silíceas, la ganadería, el desarrollo inmobiliario, y grandes obras de infraestructura”.
El fuego es un emergente, violento y destructivo, de un sistema fuera de control completamente entregado a actividades humanas productivistas sin orden, control ni sanción.
