Más de 120 agrupaciones ambientalistas advierten de los retrocesos que se producirán en materia ambiental si se aprueba la Ley Ómnibus.
Más de 120 organizaciones socioambientales de todo el país volvieron a pronunciarse esta semana contra el nuevo proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional, ya que, de aprobarse, Argentina perdería la mayoría de sus leyes de protección de la naturaleza.
Las organizaciones reclaman que no sea incorporado a la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” el capítulo ambiental; alertan por la permanencia de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos 26.562 de control de actividades de quema; 26.331 de protección ambiental bosques nativos; 26.639 de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial; y la Ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca, en la última versión de proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
“Las leyes ambientales que pretenden modificarse no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en este paquete de reformas”, dijeron las organizaciones, que detallaron que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que los cambios propuestos implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
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“Pese a algunas modificaciones introducidas en relación con el texto original, las leyes ambientales continúan en peligro y los cambios propuestos atentan directamente contra el corazón de la legislación ambiental argentina, que representa la protección de ecosistemas importantes de nuestro país como glaciares, bosques y humedales”, dijo Diego Salas, el director de programas de Greenpeace Andino.
Por su parte, la Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa, afirmó que “los cambios al capítulo ambiental, de pesca y el agregado en materia de hidrocarburos incluidos por el Poder Ejecutivo Nacional en esta segunda versión del proyecto de ley no mejoran en forma alguna a la propuesta inicial. Por el contrario, gran parte de los puntos más objetables de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos permanecen sin cambios”.
En el caso de la Ley de Quemas, la modificación sólo afecta el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, que pasa de 30 a 90 días. Sin embargo, en caso de falta de respuesta de los gobiernos, las mismas quedan automáticamente habilitadas. “Esta decisión pone en serio riesgo a los humedales y pastizales, víctimas de los incendios año tras año, como los lamentables antecedentes en el Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, que en 2022 perdió más de un millón de hectáreas” explicaron los ambientalistas.
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Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”, lo que “permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicaron desde la Fundación Vida Silvestre.
A su vez, son derogadas las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego introducidas en 2020, las cuales no permitían modificar la venta y destino de una zona incendiada por 60 años. Según la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) el 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y “las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”.
Si bien gracias a la presión de la gente y de varias organizaciones sociales se logró el retroceso en la autorización de desmontes en bosques protegidos (Categorías I- rojo, y II- amarillo), se continúa desfinanciando la Ley de Bosques.
“Con este paso atrás, el 80% de los bosques del país, alrededor de unos 50 millones de hectáreas, se salva de la posible legalización del desmonte. Sin embargo, la continuidad en la desfinanciación de la ley reducirá la capacidad de las provincias para el control a los desmontes ilegales e incendios forestales, y la promoción de actividades sustentables en bosques” señalaron desde Greenpeace.
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La deforestación es un grave problema ambiental en Argentina, un país que según datos oficiales recopilados por Greenpeace perdió entre 1998 y 2022 cerca de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
En su último reporte anual sobre deforestación para el año 2023 publicado hace pocos días, esta organización recuerda que el 75% de los desmontes se concentran en solo cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Solo durante el año pasado, se desmontaron más de 126 mil hectáreas en esa porción de territorio nacional.
Las organizaciones advirtieron que las modificaciones introducidas a la Ley de Glaciares reducirán drásticamente la protección del ambiente periglacial. “Los glaciares, que son considerados un bien público, quedarán a merced de las actividades mineras e hidrocarburíferas, al ver comprometido su ambiente periglaciar”, avisaron en el comunicado difundido esta semana.
El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale, referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó la FARN en un documento.
Desde Greenpeace y otras 30 organizaciones están llevando adelante la campaña “Salvá Las Leyes Ambientales” en donde la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así seguir contribuyendo a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus. Ya participaron más de 80.000 personas.
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