La OEA expresó su "preocupación" por la situación en Bolivia y pide la liberación de todos los detenidos

Al respecto, la OEA manifestó que “ante los recientes acontecimientos en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

Leer más ► Bolivia: el arresto de Añez genera "ebullición en la grieta" de Bolivia

En otro párrafo, la organización advirtió que “este hecho ha sido motivo de preocupación de la Secretaría General de la OEA desde que se requirió su presencia para evaluar la falta de garantías en las audiencias que pretendían sustanciar acusaciones contra Samuel Doria” y recordó que “la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno”.

“También en su momento la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los ex Presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga. En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”, destaca el texto dado a conocer este lunes por la tarde, que agrega que “lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos”.

Para la OEA “es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos” y sostiene que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.

“La impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción. Los conceptos de justicia, memoria, verdad y no repetición son fundamentales a la hora de cohesionar una mejor sociedad”, enfatiza la organización.

Pero no sólo las consideraciones políticas del documento generó polémica, sino algunas exigencias realizadas:

• a) Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición.
• b) Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad.
• c) Reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como - de considerarlo oportuno - la cooperación internacional. La reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente.
• d) La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.