El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno decretará mañana el estado de alarma en toda España durante los próximos 15 días para frenar la expansión del coronavirus. Con esta decisión el Ejecutivo centraliza la toma de decisiones y puede limitar los desplazamientos de los ciudadanos y adoptar medidas extraordinarias como el cierre de establecimientos y empresas.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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Mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará el estado de alarma. El presidente alertó que están frente a una "crisis extraordinaria" frente a la cual se van a "movilizar todos los recursos del Estado para proteger la salud de los ciudadanos". Recursos que serán "públicos y privados, civiles y militares".
Desde el gobierno estiman que la semana que viene haya 10.000 afectados en España y su intención es "evitar a toda costa los contactos". Mensaje especial ha lanzado a la población joven, que no sufre los estragos del virus pero que puede actuar como transmisora del virus.
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El estado de alarma faculta al Gobierno para asumir una serie de decisiones: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.
El estado de alarma está contemplado en el artículo 116 de la Constitución y es el más leve de los tres que se pueden aplicar en situaciones de emergencia: los siguientes son el de excepción y el de sitio. Se aplica inicialmente por un plazo de 15 días que puede ser prorrogado por el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, sólo se había aplicado una vez en democracia, con José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, durante la crisis de los controladores aéreos.
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