El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila, afirmó este miércoles que el Gobierno no ahorra esfuerzos para proteger a los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, luego de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) emitió órdenes para que protejan a más de 9.000 desmovilizados.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila, afirmó este miércoles que el Gobierno no ahorra esfuerzos para proteger a los excombatientes de las FARC
"Somos respetuosos de todas las decisiones de los jueces, el propósito es que no se vea afectada ninguna persona en reincorporación y no ahorramos esfuerzos para su protección", dijo Archila, según su despacho.
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Agregó que en 30 meses de Gobierno se ha actuado con más de 50 entidades del Estado desarrollando acciones para proteger a personas amenazadas que estaban en riesgo.
Archila se refirió al pronunciamiento que el martes hizo la JEP sobre las medidas de protección para los desmovilizados, y dijo que el país debe seguir unido contra los narcotraficantes y las disidencias de la antigua guerrilla "que perpetran el 80% de los homicidios y agresiones".
"Nos hemos articulado y la Fiscalía es 50% más efectiva en la investigación de homicidios de excombatientes, y nuestra meta es que haya cero agresiones", insistió.
Según la JEP, los esfuerzos del Gobierno central y de otras entidades del Estado para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC no son suficientes, por lo que emitió órdenes a diferentes instituciones para que los protejan.
"Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las FARC, la jurisdicción encontró que se cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades", indica un comunicado de la JEP citado por la agencia de noticias Sputnik.
Entre los organismos a los que emitió órdenes se encuentran los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General (Ministerio Público).
Aunque la JEP reveló el tema ayer, el tribunal aseguró que las órdenes fueron impartidas el viernes pasado, luego de que el jueves convocara a una Audiencia Pública Nacional en la que los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas a firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Tras la firma de ese pacto en noviembre de 2016, alrededor de 13.000 integrantes de las FARC se desmovilizaron e iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil que debió lamentar el asesinato de 258 de ellos desde esa fecha.
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