Un grupo de personas que sufrió heridas oculares por disparados de las fuerzas de seguridad durante las protestas que estallaron hace seis semanas en Chile exigieron ayer justicia frente a La Moneda y anunciaron que presentarán una querella contra el presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos.
La Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, fundada recientemente en el marco del estallído social, se congregó frente a la sede de gobierno en Santiago para reclamar justicia por las más de 230 personas que desde el 18 de octubre sufrieron la pérdida total o parcial de la visión, tras recibir impactos de perdigones por los disparos de Carabineros.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un total de 232 personas han sufrido heridas oculares y dos de ellas perdieron totalmente la visión desde que comenzaron las movilizaciones más importantes desde el retorno a la democracia en 1990.
Se trata de la segunda persona que pierde por completo la visión debido a disparos policiales durante la agitación social que vive Chile, luego de que el martes pasado Gustavo Gatica quedó finalmente ciego por los perdigones que recibió en el rostro durante una manifestación.
La nueva víctima afectada de ceguera, Fabiola Campillai, de 36 años, recibió el impacto de la bomba de gas lacrimógeno hace dos días cuando esperaba un colectivo en Santiago.
Récord mundial
El doctor Dennis Cortés, presidente de la Sochiof, denunció ante la Comisión de DD. HH. del Senado de Chile el 4 de noviembre que esta es la mayor cifra de heridas oculares con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto del mundo.
El número de casos está por encima del número registrado en Francia durante la crisis de los ‘chalecos amarillos’, las protestas en Hong Kong y el conflicto israelo-palestino.
Al parecer, ni las medidas impulsadas en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de casi la totalidad de la clase política chilena de avanzar para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lograron hasta ahora detener los reclamos.
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