Mientras no exista otra decisión judicial, el Gobierno está obligado a garantizar la prohibición de la pesca comercial y deportiva en el Paraná.
Si bien desde el Gobierno se anunció la decisión de apelar esta medida, mientras no exista alguna otra decisión de una instancia judicial superior el Ministerio de Ambiente y la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros de la Provincia tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la prohibición. Así lo dispuso el juez Luciano Carbajo el 28 de diciembre pasado, luego de otorgar diez días al Ejecutivo provincial para que presente alguna alternativa que contribuya a preservar el medio ambiente -lo que no sucedió- ante la bajante extraordinaria y la depredación comercial del recurso natural.
La Justicia también exhortó a las autoridades nacionales, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Subsecretaría de Pesca y Agricultura; Prefectura Naval; Gendarmería Nacional; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y todo otro organismo que resulte pertinente, a que intensifiquen las tareas de control y fiscalización de la actividad pesquera en Santa Fe, para contribuir al cumplimiento de la medida.
La veda total ordenada por la Justicia se extiende hasta el 31 de marzo. Y si bien la Provincia anunció su decisión de apelar y los pescadores planean cortes de distintas rutas a lo largo del territorio santafesino a modo de protesta, la prohibición de pesca está vigente y los organismos provinciales y nacionales están obligados a cumplirla.
Tanto es así, que el juez Carbajo ordenó al Ministerio de Medio Ambiente "la utilización del 0800 de reclamos y denuncias y otras medidas que resulten pertinentes". En la página web de dicho Ministerio aparecen dos teléfonos: 0800-4443583 y 342-4579200.
Los únicos pescadores que están exceptuados de esta medida son aquellos que extraen especies para consumo propio y familiar, y que pescan desde la costa o en canoas. Sin embargo, tienen prohibido vender los pescados.
Desde este lunes, se anunciaron cortes parciales en Ruta Nacional 11 a la altura de Tacuarandí, en Ruta Provincial 1 a la altura de Reconquista, Romang, Alejandra, San Javier y Colonia Macías. En la ciudad de Santa Fe, frente a los tribunales ubicados en San Jerónimo 1552/ y en Rosario sobre el puente Rosario-Victoria y los tribunales. Las organizaciones aclararon que pueden existir otros cortes o manifestaciones, pero en esos casos serán pescadores independientes que adelantaron su decisión de protestar en la Fuente de la Cordialidad, sobre la Ruta Nacional 168.
El juez había dado un plazo antes de decidir
Tal como lo revelara Aire Digital, el juez Luciano Carbajo había dado un plazo al gobierno provincial para presentar alguna alternativa que contribuyera a proteger las especies naturales del río Paraná, afectadas por la bajante histórica y por la explotación comercial que desde hace décadas realizan los frigoríficos y exportadores.
El 18 de diciembre, poco después de las 11 de la mañana, en una oficina del Juzgado Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario, el juez Luciano Carbajo citó a representantes de las organizaciones ambientalistas "El Paraná no se Toca" e "Identidad Ambiental", a un representante del diputado provincial Fabián Palo Oliver -que junto a otros legisladores viene planteando la problemática desde principios de 2020- y al Ministerio de la Producción.
Por la Provincia participó del encuentro una abogada, quien explicó que los técnicos y las autoridades superiores no habían podido asistir a la audiencia porque se encontraban participando de una reunión del Consejo Federal Pesquero.
La abogada planteó que el cupo de exportación de peces de río había sido reducido en la provincia de 22.000 toneladas a 14.000 toneladas. Pero la contraparte explicó, entre otros puntos, que esto no contribuye a reducir los niveles de pesca comercial porque el pescado puede ser acopiado por los frigoríficos hasta que se les autorice la exportación.
El juez dijo en esa reunión que había analizado en profundidad los argumentos presentados por las organizaciones ambientalistas y por legisladores provinciales, y que le daba al Gobierno de Santa Fe cinco días -hasta el miércoles 23 de diciembre- para que presentara alguna medida tendiente a proteger el recurso ictícola del sistema del Paraná. De lo contrario, advirtió, sería él quien tomara una decisión.
Pero diez días después, al no recibir una propuesta, el juez Carbajo ordenó la prohibición de la pesca deportiva y comercial sobre el Paraná. El Gobierno anunció que apelarán esta medida y porque la decisión del juez "no tiene demasiado asidero".
El 20 de mayo pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que prohibía durante 180 días en todo el territorio provincial la actividad pesquera deportiva y comercial. El proyecto había sido elaborado por Oscar "Cachi" Martínez y luego se sumaron con algunas modificaciones Palo Oliver y Del Frade.
El proyecto fue girado a la Cámara de Senadores, donde nunca se trató. Al menos dos fuentes consultadas por Aire Digital coincidieron en que hubo una fuerte presión de algunos senadores para que no avanzara en esta medida. Si bien ambas fuentes prefirieron no dar nombres, dos días después de que el juez Carbajo prohibiera la pesca se produjo una señal en este sentido: el senador José Baucero, del departamento San Javier, dijo públicamente que la medida judicial es "una decisión arbitraria" y pidió la intervención del Gobierno provincial.
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