En el listado de reformas del Estado contenidas en el mega decreto de necesidad de urgencia anunciado por cadena nacional, el presidente Javier Milei incluyó en el primer renglón la derogación de la Ley de Alquileres.
Cuáles son los pro y los contra de la derogación de la Ley de Alquileres que decretó Milei
El punto 1 de las treinta principales medidas menciona explícitamente esta iniciativa, que el propio jefe de Estado sostuvo que apunta a que “ el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”.
De esta manera, la ley 27.551 que fue reformada recientemente en el Congreso y que comenzó a regir el 18 de octubre se despedirá a poco de debutar, y allanará el camino para que los propietarios de los inmuebles puedan fijar las condiciones de los contratos sin atenerse a ningún límite del Estado más allá de lo que establece el Código Civil y Comercial.
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La ley que fue aprobada el 11 de octubre en la Cámara de Diputados estipulaba contratos mínimos de tres años de plazo y actualización semestral.
“Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”, dice el DNU.
El decreto de necesidad y urgencia denominado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" amplía los fundamentos por los cuales Javier Milei tomó la determinación de desregular el mercado de alquileres inmobiliarios.
“Que los inconvenientes y penurias que los excesos de regulación normativa han aparejado en las convenciones privadas, especialmente en los contratos de locación de viviendas, es un hecho público y notorio, con graves consecuencias tanto para locadores como para locatarios y la virtual destrucción del mercado inmobiliario”, señala la norma jurídica.
“Que en forma concordante, deviene imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres N° 27.551. Que coherentemente con ello, es preciso respetar la voluntad de los ciudadanos de pactar las formas de cancelación de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sin distinción del curso legal o no de la moneda que se determine, sin que pueda el deudor o el juez que eventualmente intervenga obligar al acreedor a aceptar el pago en una moneda diferente, salvo pacto en contrario”, se agrega.
El documento oficial, describe que “para revertir la situación de estancamiento y empobrecimiento en que nuestro país se encuentra sumido hace varias décadas, resulta imperiosa la eliminación de numerosas regulaciones que ahogan a las fuerzas productivas de la república”.
Por ese motivo, el Gobierno Nacional ha decidido implementar un plan de desregulación de amplísimo alcance.
Que, en ese orden, es imprescindible facilitar la operatoria económica eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado.
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