Como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación, el Gobierno, los empresarios y la CGT acordaron el pago de un bono de fin de año que tendrá carácter obligatorio y será general para los trabajadores del sector privado. Que el Ejecutivo oficializó en el Boletín Oficial, a través del decreto 1043/2018.
Se acordó un bono de $5.000 en dos pagos, que el Gobierno formalizó a través del decreto 1043/2018.
La primera cuota se pagará en noviembre y otra en enero de 2019.
El pago extra se haría efectivo entre diciembre y enero, pero para las pymes que atraviesan dificultades, existe la opción de pagarlo en un número mayor de cuotas.
Será para todos los trabajadores del sector privado de la economía cualquiera sea su condición y nivel salarial. No alcanzará al personal del sector público.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono navideño excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la “obligatoriedad” del pago.
El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, solo para el sector privado.
Si ya firmaron nuevos ajustes salariales para los próximos meses por cláusulas de revisión, los empresarios podrían pagar el bono a cuenta de futuros aumentos.
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El artículo 2 requiere que el trabajador cumpla la cantidad de horas de la jornada legal o convencional, generalmente, de 8 horas. Si la jornada laboral es más corta, “percibirán la asignación en forma proporcional“. Dicho más simple, un empleado que realiza media jornada percibirá $2.500.
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Deberá ser abonado por todos los empleadores del sector privado a su personal.
Servirá como paliativo ante la pérdida de poder de compra de los trabajadores, producto de la disparada de los precios.
La idea es abonar el plus en dos pagos de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos.
Los montos abonados tendrán carácter de “no remunerativos” y podrán ser tomados a cuenta de las revisiones paritarias de 2018, “salvo que las partes acuerden expresamente su no absorción”.
Además, los empleadores que hayan otorgado unilateralmente compensaciones podrán descontarlos de este bono.
Si el bono se incorpora al salario, a cuenta de la paritaria, la asignación “adquirirá carácter remunerativo”.
Quedan excluidos del bono, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, los empleados del agro y de casas particulares.
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El Gobierno evalúa la apertura de una línea de crédito bancario para las empresas que no pueden afrontar el pago. Fue un pedido particular del sector comercial e industrial para poder cumplir con la medida.
Aún restan saber más detalles, que se esclarecerán cuando se publique el decreto en el boletín oficial. Pero el Ministerio de Producción fue claro y afirmó que, para la aplicación del bono se tomará en cuenta “la realidad de cada sector”.
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El artículo 6° del decreto establece un procedimiento para que los empleadores avisen al Ministerio de Producción y Trabajo antes de efectuar despidos sin causa, con el objetivo de intentar prevenirlos.
El preaviso deberá ocurrir diez días hábiles antes de hacer efectivos los despidos. Allí, la cartera que conduce Dante Sica, podrá convocar, de oficio o a petición de parte, a empleadores y trabajadores para realizar audiencias. Esas reuniones tienen como objeto frenar los despidos. El Gobierno podría asistir a las empresas comprometidas con repros, por ejemplo, el mecanismo por el cual se hace cargo de una parte de los salarios.
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