La misión estará encabezada por Roberto Cardarelli y la conformarán otros economistas del organismo internacional de crédito que conduce Christine Lagarde, según informaron fuentes del organismo.
De acuerdo con el Convenio Constitutivo del FMI, organismo del cual la Argentina forma parte, en su Artículo IV sobre las “obligaciones generales de los países miembro” se prevé la supervisión de los regímenes de cambio. “El Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones” consigna el estatuto.
Y advierte que “a fin de desempeñar sus funciones, el Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas”.
Para ello se prevé que “los países miembros proporcionarán al FMI la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del organismo, le consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio“.
El grupo de expertos del Fondo mantendrá encuentros mantendrá reuniones con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Finanzas, Luis Caputo, y con Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central (BCRA).
Si bien la agenda oficial pasa por la formalidad del texto de la norma, sin dudas el Gobierno argentino dará señales al FMI de cómo serán las reformas tributaria y laboral con las que apunta a mejorar la competitividad del país.
El punto central es el andamiaje de una política fiscal consistente para lograr reducir el déficit de las cuentas públicas dentro de los parámetros proyectados por el Gobierno nacional.
Las periódicas misiones de supervisión que llegaban al país durante la década del ’90 fueron abandonadas luego de que el gobierno de Néstor Kirchner resolviera saldar toda la deuda que el país mantenía con ese organismo. Desde entonces el país no aceptó supervisiones hasta 2016 con la gestión Macri.
El 9 de noviembre pasado, el FMI decidió levantar la “moción de censura” que regía sobre el país y resolver que “el directorio ejecutivo concluyó que el IPC que mide la evolución de los precios de Argentina se ajusta ahora a las normas internacionales”.
Fuente: Ámbito Financiero
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