La reforma impositiva se discutirá recién en el 2018
“Buscaremos consensos transversales con distintas fuerzas en la bicameral del Congreso de la Nación. Pero por ser un año electoral, es mejor tratarla el año que viene“. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “pateó para el 2018” uno de los proyectos más esperados por el empresariado argentino: la reforma integral impositiva.
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La intención del Gobierno es pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los Ingresos Brutos, que representa el 90% de la recaudación provincial), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.
La reforma tributaria incluirá también nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y podría aplicarse a partir del año próximo. La iniciativa prevé limitar gastos y crear un fondo anticíclico con una ley de responsabilidad fiscal.
El proyecto de reforma tributaria le fue encargado a Dujovne por el mismísimo Presidente de la Nación, Mauricio Macri. En efecto, el Primer Mandatario, reclamó -el pasado 1 de marzo en la apertura de sesiones del Congreso– debatir un nuevo sistema de impuestos.
Puntualmente, Macri señaló que es necesaria una reforma tributaria “seria y profunda para dejar de aplastar a quienes crean y tener un sistema más equitativo, progresivo y simplificado. Este año trabajaremos juntos en este camino en la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria”, anunció.
El compromiso del ministro de Hacienda es entregarle un “proyecto de reforma” a al presidente el próximo 1 de junio. Al respecto, Dujovne adelantó que hasta 2018 no se reformulará el sistema tributario, que será parte de un “plan productivo nacional” destinado a darle competitividad a las empresas, “aspectos en los que el Estado tiene responsabilidad”.
