Este contundente balance del sistema privado de jubilados chileno es suficiente para impugnar el ranking de Mercer Institute (una consultora internacional vinculada a grandes bancos, fondos de inversión y compañías de seguro) que ubica al régimen previsional inaugurado por Pinochet como el más sólido, sustentable y mejor posicionado de Latinoamérica. Y que ubica al sistema argentino entre los peores del planeta.
Sobre la base de un aporte del 10% sobre el salario durante su vida activa, a la cuenta individual del trabajador chileno va aproximadamente el 7%: el resto son comisiones, seguros y otros gastos que retienen las AFP. La tasa de sustitución en Chile, o sea, el porcentaje sobre los ingresos laborales que termina recibiendo una persona durante su jubilación) es del 31,2% para los hombres y 28,8% para las mujeres. Así, si los salarios son misérrimos y las ganancias de las AFP altísimas, la jubilación es de indigencia.
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Ante este estado de cosas, en 2008 se agregó al sistema privado un "pilar solidario" para que el Estado ayudara a las personas con menores ingresos a cubrir sus necesidades básicas. A pesar del pilar solidario, cerca del 80% de los jubilados chilenos recibe una pensión inferior al salario mínimo según las conclusiones del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones de 2015.
Ahora la situación es más grave por cuanto, ante la pandemia, se autorizó a los afiliados a retirar de sus cuentas un porcentaje del fondo acumulado lo que anticipa que se jubilarán con un haber más bajo aún. Las manifestaciones populares contra la AFP fueron y son moneda corriente en Chile.
El sistema chileno es de comisiones definidas para las AFP y prestaciones indefinidas para los afiliados. El haber jubilatorio dependerá de los aportes menos las comisiones deducidas y de la rentabilidad que obtenga la AFP. Así, el riesgo sobre las inversiones que hagan las AFP recae enteramente sobre los afiliados, sin ninguna garantía de un haber que siquiera supere la línea de pobreza. A diferencia de los afiliados, la sustentabilidad de las AFP está garantizada.
En cambio, el sistema previsional argentino es de aportes definidos (11% del salario a cargo del trabajador) y de prestaciones definidas, como un porcentaje del salario, con independencia de los rendimientos que hayan tenido o no los fondos ingresados al sistema.
La magnitud de los aportes y las contribuciones, más los rendimientos de esos ingresos, se calculan de modo de asegurar los beneficios, que deben guardar una relación con los últimos ingresos obtenidos en la actividad, como el otrora “famoso” 82% o la garantía de un piso del 70%, para mantener el nivel de vida de la etapa activa. Por esto, la jubilación es un salario diferido y los fallos de la Justicia reconocen reajustes cuando no se cumplen esos principios o derechos.
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Ya en 1993, un estudio elaborado por Oscar Cetrángolo y José L. Machinea admitía que “desafortunadamente, los superávits de los primeros años no lograron financiar los déficits posteriores. La razón de eso debe buscarse en el hecho de que los excedentes fueron colocados en bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de 215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales sin ajuste”.
Lo mismo fue pasando después. En otras palabras, las cajas fueron vaciadas.
Otro factor de deterioro fue la tolerancia del Estado con la evasión y el trabajo no registrado que luego derivaron en moratorias “generosas” para el pago de aportes retenidos y contribuciones no declaradas de los empleadores. En esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el sistema debió ser asistido por el Tesoro.
En 1994, con el argumento de la “quiebra” previsional se creó la jubilación privada a través de las AFJP invirtiendo –previo cobro de comisiones– los aportes también en títulos públicos y acciones, no sin prometer haberes mediocres.
Un estudio de Asap (Asociación Argentina de Presupuesto) calcula que esta transferencia de recursos públicos al sector privado, "cuyo núcleo controlante fue la industria financiera, resultó una novedad en la historia económica argentina. Se estima dicha transferencia directa en torno a los U$S 8.000 millones. Esa experiencia terminó disminuyendo la cobertura, provocando costos fiscales de magnitud, habilitando transferencias al sector privado que administraba las AFJP y compañía de seguros vinculadas, y dejando una estela de promesas incumplidas".
En 2008 se estatizó el sistema pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los '90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Ansés el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.
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