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Economía Javier Milei | Superávit fiscal | déficit fiscal

Javier Milei quiere blindar el superávit: qué dice la nueva Ley de Estabilidad Fiscal

El Gobierno envió al Congreso la “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que fijó reglas estrictas para prohibir el déficit y sanciones penales para funcionarios que rompan el equilibrio fiscal o autoricen emisión irregular.

En el marco del proyecto oficial para consolidar el déficit cero, el Gobierno de Javier Milei presentó la “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una iniciativa que busca blindar el superávit fiscal y limitar cualquier desvío en el gasto público. La propuesta surgió del Consejo de Mayo y apuntó a garantizar que el Estado no vuelva a financiarse con emisión monetaria o presupuestos deficitarios.

Desde la Casa Rosada remarcaron que la meta fue clara: evitar que funcionarios o legisladores aprueben gastos sin financiamiento y castigar a quienes vulneren el equilibrio fiscal.

Reglas estrictas y prohibición total del déficit fiscal

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La medida que anunció Javier Milei para blindar el superávit fiscal.

La medida que anunció Javier Milei para blindar el superávit fiscal.

El proyecto estableció como norma central que “El Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario”.

De manera explícita, se indicó que quedó prohibida la aprobación de un presupuesto con déficit.

La iniciativa también fijó un “Mecanismo de Ajuste”: si la ejecución mostraba caída de recursos o aumento de gastos que pusiera en riesgo la regla fiscal, el Jefe de Gabinete debía adoptar medidas para restablecer el equilibrio, luego de presentar un Informe de Sustentabilidad Fiscal.

Incluso se reforzaron límites para los funcionarios:

“Ningún funcionario podrá asumir compromisos de pago o modificar gastos sin la correspondiente autorización presupuestaria o sin contar con recursos debidamente acreditados”.

El Ejecutivo, además, debía abstenerse de pedir adelantos transitorios al Banco Central.

El Congreso también quedó alcanzado: informes obligatorios y vigencia diferida

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Blindaje fiscal: la ley con la que Milei busca proteger el superávit y disciplinar el gasto.

Blindaje fiscal: la ley con la que Milei busca proteger el superávit y disciplinar el gasto.

Toda iniciativa legislativa que generara gasto quedó obligada a incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo. Ese informe debía detallar los recursos necesarios para sostenerla y cómo se garantizaba el equilibrio fiscal.

El proyecto también incorporó una regla de “Vigencia Diferida”:

“Toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto comenzará a regir cuando las partidas sean incluidas en el ejercicio fiscal siguiente”.

Ese requisito solo se exceptuaba si la ley especificaba recursos concretos, actuales y suficientes para financiar la medida.

Nulidad y sanciones: prisión para quienes rompan la regla fiscal

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Se prevén sanciones para funcionarios que incumplan la norma, incluyendo la posibilidad de la cárcel.

Se prevén sanciones para funcionarios que incumplan la norma, incluyendo la posibilidad de la cárcel.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto fue la incorporación de penas penales para funcionarios que vulneraran el equilibrio fiscal.

El texto contempló tres niveles de sanciones:

  • Nulidad absoluta

Cualquier norma dictada en violación de la ley sería considerada

“nula, de nulidad absoluta e insanable”.

  • Delito por gasto irregular

Se incorporó al Código Penal una figura específica:

"prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para el funcionario que autorizara o ejecutara gastos sin recursos acreditados.

  • Delito por emisión monetaria irregular

Para el Banco Central, el castigo sería aún más severo:

"prisión de 3 a 10 años para el funcionario que ordenara o autorizara emisión fuera de las reglas de su Carta Orgánica".

Con este proyecto, el Gobierno busca transformar el equilibrio fiscal en una regla permanente y no en una decisión coyuntural.

El debate ahora se centra en la viabilidad política del esquema, el alcance real de las sanciones y cómo impactará en la futura elaboración del presupuesto y en la relación entre Nación, provincias y municipios.