Endeudados y morosos: por qué se disparó la falta de pagos en bancos y billeteras virtuales
La morosidad del crédito a las familias aumentó aceleradamente desde fines de 2024, tanto en bancos como en entidades no bancarias (billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios).
Buena parte de los hogares recurrió a la ampliada oferta de crédito para sostener el consumo.
En los bancos, la tasa de irregularidad de las familias se quintuplicó en poco más de un año, y llegó al 12,8% en junio de 2026, su nivel más alto en dos décadas. En el crédito no bancario también se alcanzaron récords.
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Este proceso coincide con una caída real de los ingresos y una retracción del consumo familiar, lo que sugiere que buena parte de los hogares recurrió a la ampliada oferta de crédito para sostener el consumo, margen que se fue agotando junto con la capacidad de pago.
El correlato es un flujo creciente de ingresos destinado a pagar esa deuda: según el BCRA, la carga mensual de capital e intereses de las familias pasó de menos del 9% de la masa salarial formal a comienzos de 2024 a 24,1% en abril de 2026.
La mayor morosidad se explica por el encarecimiento del crédito: las tasas de interés bancarias, desreguladas por este gobierno, superan el 70% anual, y en billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios "superan el 400% anual", según reconoció el propio Ministro de Economía, cifra que, lejos de ser un techo, resulta conservadora frente a los registros observados.
Estos datos de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) marcan que la morosidad es un fenómeno multidimensional y multicausal: macro y microeconómico, social, vinculado a la caída del empleo, del consumo y del poder adquisitivo de los ingresos de personas y familias, a las altísimas tasas de interés, muy por encima de la propia inflación y de los salarios. Incluso la refinanciación que ofrecen ahora algunos bancos supera la tasa de inflación y de los salarios e ingresos.
Es un problema de Estado porque todas esas causas responden a una determinada política económica implementada en los últimos años.
Esto anticipa que la refinanciación que ofrecen los acreedores no resolverá el endeudamiento de personas y familias, sin que una quita sobre el capital acumulado de la deuda (agrandada por las altas tasas de interés) y un costo financiero acorde con la movilidad de salarios e ingresos.
Para el presidente Milei no es un problema social sino entre privados. El FMI admitió que sigue de cerca el aumento de la morosidad crediticia en la Argentina, aunque considera que no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país, según la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack.
El Centro de Política Económica Argentina (CEPA) coincide en que durante los primeros 1.000 días de la gestión de Milei, el deterioro de la situación financiera de las familias también se reflejó en un fuerte aumento de la morosidad. El proceso comenzó en los primeros meses de la gestión y se profundizó especialmente desde fines de 2024, a medida que los ingresos perdieron capacidad de pago y los hogares recurrieron crecientemente al crédito para sostener sus gastos.
En el sistema bancario, la morosidad de las familias alcanzó niveles que no se observaban desde la crisis de 2001. Si bien todavía se encuentra por debajo del máximo histórico, cuando la irregularidad llegó al 32,7% en septiembre de 2003, el nivel actual (13,0% en julio) constituye uno de los registros más elevados de las últimas décadas.
El panorama resulta aún más preocupante cuando se incorporan las deudas con Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), que para facilitar la lectura denominamos “billeteras virtuales”. En este segmento, la aceleración de la mora cobró particular fuerza durante esta gestión: pasó de 7,3% en noviembre de 2024 a 33,9% en julio de 2026, superando incluso el máximo previo de 27,1% registrado en mayo de 2020, en plena pandemia.
Si se consideran conjuntamente las deudas con bancos y billeteras virtuales, la irregularidad total de las familias alcanzó aproximadamente 15,7% en julio de 2026.
Que se trata de un fenómeno multidimensional se refleja en que, por ejemplo, la actividad económica muestra una trayectoria marcadamente desigual entre los meses de junio de 2023 y 2026, en la cual sobresale un grupo de ramas de actividad con crecimiento extraordinario -Sector agropecuario, Minas y canteras, Intermediación financiera y Restaurantes y Hoteles-, frente a otro conjunto con importantes pérdidas, entre las que sobresalen la Construcción, la Industria y el Comercio.
Los sectores perjudicados son relativamente intensivos en empleo, de modo que este sesgo sectorial de la economía tiene consecuencias negativas sobre el mercado laboral. Así, entre los primeros trimestres de 2023 y 2026, el número de personas ocupadas aumentó en 456.800, un número limitado frente a la expansión de la Población Económicamente Activa, que creció en 735.800. La diferencia corresponde a personas que se sumaron a la desocupación.
CIFRA señala que más que en el volumen de puestos de trabajo, la escasa capacidad de la economía para generar empleo se evidencia en el deterioro de su calidad, reflejado en el aumento de la informalidad: en el primer trimestre de 2026, la tasa de informalidad alcanzó el 44,2%, casi 4 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre de 2024.
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En estos dos años se sumaron casi 970.000 trabajadores a la informalidad, que roza los 9,5 millones de ocupados. Por el contrario, se redujeron sistemáticamente los puestos de trabajo asalariados registrados, que disminuyeron en 337.365 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Entre ellos, los puestos del sector privado, que acumulan 12 meses de retroceso ininterrumpido, cayeron en más de 240.000; mientras que los del sector público se redujeron casi 80.000.
Prácticamente todas las ramas de actividad muestran caídas en el empleo asalariado privado entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que muestra la universalidad de las dificultades de generación de empleo registrado y su desacople con la actividad económica.
En junio, el empleo asalariado en el sector privado registró una caída en términos interanuales del 1,9%, equivalente a 121.000 trabajadores menos.
