Se estima que cuando cierren las urnas una fuerte devaluación se registre en e país.
Unificación cambiaria, modificación de los precios relativos, sinceramiento del tipo de cambio, bimonetarismo o dolarización –consignas que enarbolan las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones– preanuncian una fuerte devaluación o megadevaluación del peso una vez que se cierren las urnas.
La devaluación de “apenas” el 22% en agosto provocó un desbarajuste económico con la trepada a dos dígitos de la inflación mensual y una suba del dólar alentada por las mismas fuerzas políticas que deberían impulsar la estabilidad económica-financiera.
Según el Gobierno, fue una concesión al FMI que exigía una devaluación mayor, como mínimo, del orden del 60%. Por razones electorales, el Gobierno "solo" devaluó en un 22%.
Una vez que se conozca la fuerza política vencedora, la devaluación estará a la orden del día, más aún porque hay vencimientos con el FMI a fin de mes por U$S 3.500 millones que el organismo financiero renovara solo si se concreta la maxidevaluación del peso.
La devaluación del peso se concretará en un contexto más que crítico: con un Banco Central sin reservas, con una inflación mensual del 13%, caída del salario y de las jubilaciones y una pobreza que supera el 40%.
Tras la devaluación de agosto, el Gobierno tomó distintas medidas de compensación de ingresos -con fines electorales- que resultaron insuficientes y tardías. La realidad indica que el llamado Plan Platita resultó ser un recurso electoral opositor que no se sustenta en la realidad de las cifras.
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Aun con la caída real en los ingresos de la Administración Nacional, en los nueve primeros meses del año el déficit fiscal primario se redujo un 10%, pero por el incremento de los pagos de intereses, el resultado financiero se redujo 2,9% interanual en términos reales.
Así lo indica el Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que marcan que los ingresos cayeron 4,5% en términos reales por un retroceso del 9,5% en la recaudación de impuestos y una suba de 1,4% en los recursos de la Seguridad Social.
El gasto primario tuvo un recorte del 5,5%, con caídas más pronunciadas en asignaciones familiares (-27,4%), en subsidios energéticos (-24,1%), y en programas sociales (-12,6%).
En sentido contrario, las principales subas reales de gastos se registraron en subsidios al transporte (14,0%), en transferencias a universidades (12,5%) y en intereses de la deuda (11,5%).
El Informe destaca que las jubilaciones pagadas por ANSES cayeron 4,4%. Y explica: “Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una reducción del poder de compra de 13,8%, mientras que los haberes mínimos prácticamente equipararon la inflación (0,5%).
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“Las asignaciones familiares ($1.064.102 millones) cayeron 27,4%, principalmente aquellas vinculadas a los trabajadores activos ($409.482 millones, -42,0%), producto de la actualización del valor de las prestaciones por debajo de la inflación, la disminución del complemento mensual dispuesto en octubre de 2021 (Decreto 719/21) y la política de actualización de topes máximos para acceder al beneficio (comenzó en el mes de marzo). Además, las transferencias por la Asignación Universal por Hijo (AUH) ($483.872 millones) se redujeron 14,4% “, señala el Informe de la OPC.
El Plan Potenciar Trabajo se redujo el 1,6% y Políticas Alimentarias cayó un 6,2%, mientras la AUH tuvo un retroceso del 14,4%. Los intereses de la deuda sumaron $ 2.300.638 millones, un incremento en términos reales del 14,5% “explicado principalmente por los mayores pagos de intereses por los préstamos del exterior, en un contexto de suba de tasas de interés internacionales. Los pagos al FMI acumularon $514.921 millones en el año”.
Los pagos de intereses equivalen al total de los pagos de la AUH, Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, Becas Progresar y el resto de los Programas Sociales.
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