Luego del estallido de la convertibilidad, a fines de 2001, entre otras razones por el default de la deuda, las dos décadas siguientes estuvieron marcadas por un impresionante crecimiento del endeudamiento público. Y pese a las reestructuraciones y canjes que concretaron los distintos Gobiernos que se sucedieron, esa deuda ha llegado a niveles tales que han vuelto a colocar a la Argentina en situación de default, sin reservas en el Banco Central, con una inflación anual ascendente de tres dígitos y niveles de pobreza superiores al 40% de la población. Y un escenario internacional que castiga aún más a los países menos desarrollados.
Tras la confiscación de los depósitos, la pesificación asimétrica, Boden 2012 y el canje de la deuda, a fines de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda pública sumaba U$S 154.270 millones.
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En diciembre de 2015, Cristina Kirchner dejó la deuda en U$S 240.665 millones y en diciembre de 2019, al final del gobierno de Mauricio Macri, quedó en U$S 323.065 millones. Y a abril 2023 sumó U$S 396.209 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas.
En casi 20 años el endeudamiento público creció en la friolera de U$S 242.000 millones. El 34% de la deuda está contraída en pesos mientras que el 66% restante está en moneda extranjera.
La deuda en pesos se ajusta mayoritariamente por inflación o por la evolución del dólar. De aquí se infiere que una mayor devaluación del peso no va a licuar el nivel de los compromisos porque la denominada deuda en moneda extranjera no se altera y se indexa en moneda nacional automáticamente por lo que se dispara el dólar. Y la deuda contraída por CER se ajusta por la mayor inflación que provocará una eventual mayor ritmo devaluatorio.
En tanto, el 76% de la deuda bruta corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 20% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 3% corresponde a Adelantos Transitorios del Banco Central y el 1% restante a otros instrumentos.
La deuda pública no incluye la del Banco Central ni la de las Provincias y Municipios. Si se incluyera, el endeudamiento total superaría el equivalente a U$S 550.000 millones.
En verdad Argentina tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales de crédito desde 2018. Mauricio Macri intentó superar esa situación con el préstamo extraordinario del FMI. Pero en realidad agravó el endeudamiento porque ese crédito financió la salida y fuga de capitales y porque el Fondo es un acreedor especial que no admite quitas y el mantenimiento del crédito está condicionado, entre otros objetivos, al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y cambiarias.
El perfil de vencimientos de esta abultada deuda pública, a lo que se agrega el pago de intereses, está concentrada entre 2024 y 2032: son en promedio U$S 25.000 millones anuales, imposible de afrontar.
Este cuadro de situación agravó la crisis política interna. Ahora, de cara a las próximas elecciones, lo que está en juego es a qué fuerza política le estallará el default en curso. Maxidevaluación, hiperinflación, dolarización, ajuste del gasto público, en especial en jubilaciones y prestaciones sociales, han pasado a ser términos corrientes en las plataformas electorales. En las próximas semanas se irán definiendo los términos de la crisis, en especial por la renegociación pendiente con el FMI que debería definirse antes de mediados de junio.
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