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Economía Afip | Alquiler | contratos

AFIP elimina la obligación de registrar los contratos de alquiler

La AFIP eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles, aunque mantiene esta opción para quienes deseen obtener beneficios fiscales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció un cambio significativo en la normativa de alquileres, eliminando la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Esta medida, que entra en vigor a partir de la Resolución General 5545/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, se deriva del Decreto 70/2023 que derogó la ley de Alquileres 27.551.

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Qué implica la eliminación de registrar en AFIP los contratos de alquiler

Desde hoy, los propietarios de inmuebles ya no están obligados a inscribir sus contratos de alquiler en el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para que estos tengan validez. Sin embargo, aquellos contribuyentes que deseen acceder a ciertos beneficios fiscales deberán seguir registrando sus contratos.

La nueva resolución establece que los contribuyentes interesados en obtener beneficios fiscales bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, Bienes Personales, y Ganancias, deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI. Este trámite debe realizarse antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días posteriores a la celebración del contrato.

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Eliminan la obligación de registrar en AFIP los contratos de alquiler

Eliminan la obligación de registrar en AFIP los contratos de alquiler

El registro puede hacerse fácilmente a través de la página web de la AFIP. Cabe destacar que aquellos que ya tienen sus contratos registrados no necesitan volver a hacerlo, a menos que haya modificaciones o actualizaciones.

Este cambio se suma a otras medidas recientes tomadas por la AFIP para simplificar trámites y reducir la carga administrativa. Entre ellas, se destaca la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), que anteriormente debía emitirse al vender un vehículo usado.

También se derogaron resoluciones generales que obligaban a los productores agropecuarios a presentar múltiples declaraciones juradas anuales, y se simplificaron los procesos de importación al eliminar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF).