El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Conocida la citación, desde la AFA emitieron este viernes un parte de prensa donde su versión sobre las acusaciones difundidas en las últimas horas. A continuación el texto completo.
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino.
El comunicado de la AFA
Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:
La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.
El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.
ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.
La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.
El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna.
