La investigación, que también alcanza al dirigente Pablo Toviggino, había sido impulsada por el fiscal federal Pedro Simón. En su requerimiento inicial, el funcionario solicitó la detención e indagatoria de ambos en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA.
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Giro en la causa: sin detenciones y cambio de jurisdicción
Sin embargo, en las últimas horas trascendió que no se avanzará con las detenciones solicitadas. La resolución judicial desestimó, al menos por ahora, esa posibilidad, lo que reduce la presión inmediata sobre Tapia y su entorno mientras el proceso continúa.
En paralelo, el magistrado interviniente se declaró incompetente para seguir con el caso y resolvió remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Este cambio de jurisdicción podría impactar en el rumbo de la investigación.
Cuestionamientos al planteo fiscal
Según trascendió, la resolución judicial incluyó fuertes cuestionamientos al planteo del fiscal. En un fallo de 39 páginas, el juez advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis como “genérica y abierta”.
Además, remarcó la falta de precisión respecto del delito precedente, un punto clave para avanzar en una causa por lavado de activos, ya que impide establecer el origen ilícito de los fondos investigados.
El requerimiento fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares, pero el magistrado consideró que no se cumplían los estándares mínimos para impulsar una investigación penal en esta etapa.
Expectativa por la continuidad del caso
Aunque se descartaron las detenciones, la causa sigue abierta y ahora quedará en manos del juzgado de Campana, que deberá definir los próximos pasos procesales.
El expediente mantiene en el centro de la escena a la conducción de la AFA y suma tensión judicial en torno a una investigación que, por ahora, no tiene medidas restrictivas de la libertad, pero continúa bajo análisis en la Justicia federal.
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