De los convenios publicados en #CorralPapers surge claramente que estas instituciones contratan “cuadrillas municipales” y que no existe régimen laboral alguno. Es decir: la municipalidad terceriza obras públicas menores, a través de un programa que plasma la precariedad laboral y el trabajo en negro.
Sin embargo, la directora provincial Baucela jamás puso a consideración del ministerio de Trabajo tales anomalías. No se ejerció el control sobre los integrantes de las asociaciones civiles que comparten, sospechosamente, el mismo domicilio. Es decir, a la actual funcionaria provincial nunca le llamó la atención que algunas de las autoridades residían en la misma vivienda y mucho menos que esas asociaciones eran, en realidad, un clan familiar.
Lifschitz aclaró por Aire de Santa Fe que la fiscalía de estado tiene a su cargo el control de asociaciones y debe cumplir con su rol. “Es necesario conocer si hubo irregularidades. Para ellos se inició un sumario”.
“Vamos a determinar si existe alguna responsabilidad de esta funcionaria o de algún otro empleado del estado. De comprobarse sería un tema delicado”.
“En la aprobación de estatutos hay un control que la Inspección General de Personas Jurídicas debe controlar y vamos a ver qué pasó con eso”, concluyó el gobernador.
Volvé a escuchar al gobernador Miguel Lifschitz
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