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Policiales

Causa D4: otro arrepentido firmó una condena y se complica la situación de los jefes policiales

El habilitado Raúl Alberto Patriarca firmó esta mañana una condena a tres años de prisión en suspenso por defraudación al estado. También deberá pagar una multa, una reparación económica y una donación.

La causa por defraudaciones al estado a través de presuntos arreglos de móviles policiales se encamina a una nueva condena a través de un procedimiento abreviado. Se trata de Raúl Alberto Patriarca, habilitado del departamento de logística D4 durante los meses de enero y marzo de 2015.

El imputado admitió esta mañana su responsabilidad en los delitos endilgados en una audiencia de admisión de procedimiento abreviado que se desarrolló en la sala 2 del subsuelo de tribunales.

Patriarca contó con la asistencia de su abogado defensor particular, Romeo Díaz Duarte, quien adhirió al acuerdo presentado por el fiscal de Delitos Complejos Ezequiel Hernández. El juez José Luis García Troiano dio por admitido el acuerdo y dictará sentencia en los plazos legales.

El segundo arrepentido

El fiscal Hernández expuso en la audiencia los delitos atribuidos a Patriarca, la calificación legal y los alcances de la pena. El habilitado de la policía fue imputado como miembro de una asociación ilícita dedicada a defraudar al estado provincial, puntualmente al Ministerio de Seguridad, a través de la presunta reparación de móviles policiales.

Según expresó Hernández, en su rol de habilitado Patriarca daba instrucciones para confeccionar las facturas irregulares, ponía a disposición los medios administrativos para la ejecución de los ilícitos, emitía las órdenes para los presuntos arreglos y para la adquisición de los repuestos, entre otras. Todo esto lo hizo mientras ocupaba el rol de habilitado de la policía durante los meses de enero y marzo de 2015, y concretó actividades defraudatorias por un total de $301.624.

El fiscal explicó que Patriarca se acogió a la figura del “imputado arrepentido” en la causa, y que brindó información que permitió avanzar en la imputación contra dos ex jefes policiales (Hugo Miñoz y Omar Odriozola, los últimos involucrados en la causa), y ordenar la cantidad de documentación presente en la causa.

El primero de los imputados en ser considerado “arrepentido” en esta causa fue Facundo Testi, figura central en las maniobras defraudatorias y que hoy se encuentra ya purgando una sentencia a tres años de prisión.

Raúl Alberto Patriarca fue el habilitado del departamento de logística del ministerio de seguridad durante enero y marzo de 2015

Pena en suspenso, multa, reparación y donación

Si bien el juez García Troiano debe dejar firme el acuerdo y dictar sentencia, Patriarca admitió esta mañana renunciar al juicio oral y público y ser condenado a tres años de prisión en suspenso. Además deberá pagar una multa de 90.000 pesos, una reparación económica de 40.648 pesos y realizar una donación a una entidad de bien pública a definir por el MPA, también por 90.000 pesos.

Dos condenados más

La semana pasada fueron condenados otros dos integrantes de la asociación ilícita. En este caso se trató de dos civiles, un hombre llamado Rodrigo Ruiz, que era el jardinero de Testi y oficiaba como “prestanombre” y un tallerista rosarino, Edgardo Ambrosio, que permitía la realización de los ilícitos.

Los dos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y Ambrosio además deberá pagar una multa de 90.000 pesos y realizar una donación por el mismo monto.

Por definirse

Al finalizar la audiencia el fiscal Hernández repasó la causa desde el móvil de la radio en tribunales. El funcionario del MPA expresó que sólo resta definirse la situación procesal de los ex jefes policiales Miñoz, Odriozola y Rafael Grau, estos dos últimos imputados como jefes de la asociación ilícita.

En cuanto a la reparación económica lograda hasta el momento con todos los abreviados firmados, Hernández explicó que ya se ha logrado recaudar un monto cercano a los cinco millones de pesos, mientras que las defraudaciones que se pudieron demostrar en el período comprendido en la investigación ronda los dos millones de pesos.

Audio ► La entrevista con Hernández tras la audiencia

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