Tres días después de que el senador Armando Traferri quedara desguarnecido de sus fueros, tras el fallo del juez José Luis Mascali, la causa de juego clandestino volvió a aportar nuevos condimentos, con la declaración por más de dos horas del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que pidió transformarse en “imputado colaborador”, una figura que en Santa Fe es similar a la del arrepentido.
Ponce Asahad está detenido desde el 31 de julio del año pasado
Foto: Andrés ManceraLa jueza Eleonora Verón aún no resolvió si aceptará la propuesta del acusado, que –según indicaron fuentes judiciales a AIRE- aportó “nuevos nombres” de posibles involucrados y precisiones sobre “reuniones” que se desarrollaron en torno a las complicidades que se anudaron para la protección de la asociación ilícita que comandaba Leonardo Peiti, quien está detenido en una clínica de Rafaela.
Ahora los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery deberán comprobar este nuevo capítulo de la declaración de Ponce Asahad, como sucedió el 4 de diciembre pasado, cuando el exfiscal que admitió cobrar sobornos de parte de Peiti, describió el entramado del que habría participado el senador Armando Traferri para darle protección judicial al principal capitalista del juego clandestino de Santa Fe.
Como los fiscales deben comprobar los nuevos datos que aportó Ponce Asahad no trascendió información puntual sobre lo que declaró. Las fuentes señalaron que el testimonio del exfuncionario del MPA aportó información “valiosa”. Este medio no pudo confirmar los innumerables rumores y versiones que surgieron tras su paso por el Centro de Justicia Penal.
Ponce Asahad está detenido desde el 31 de julio del año pasado. Después de declarar en diciembre pasado fue trasladado desde el penal de Piñero a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto Malvinas Argentinas, de Rosario. Seguirá en ese lugar por otros 45 días, según decidió este jueves la jueza Verón. El exfiscal está imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y ser parte de la organización ilícita.
Patricio Serjal no tomó el mismo camino que su excolega. No abrió la boca y su defensa pidió que se atenúen las condiciones de detención domiciliaria que enfrenta actualmente. Serjal fue encarcelado el 11 de agosto pasado, y derivado inicialmente como Ponce Asahad a la Unidad Penal Nº11 de Piñero. Ambos fueron alojados en oficinas del casino de suboficiales, en un sector aislado de la población carcelaria común. En febrero pasado, Serjal pidió un cambio en el régimen de detención y solicitó cumplir la prisión preventiva en su domicilio. Los fiscales no se opusieron al planteo, debido a que el exfiscal regional se encontraba atravesando un “grave” cuadro de depresión y había bajado más de 20 kilos de peso, según se comprobó en una serie de pericias médicas.
Ahora la jueza Verón accedió a sumarle otros beneficios que pidió el imputado, que estará en esa condición por 90 días. A partir de ahora podrá salir tres veces por semana de su residencia. Tendrá dos salidas de “esparcimiento” para estar con sus tres hijas en un lugar a cielo abierto. Y tendrá la posibilidad de ir una vez cada siete días a las sesiones que mantiene con un psiquiatra, por su tratamiento por la depresión que padece.
Este nuevo capítulo que se abre en la causa de juego clandestino tendrá, seguramente, incidencia en lo que suceda en los próximos días cuando sea citado a audiencia imputativa el senador por San Lorenzo Armando Traferri. Los fiscales pidieron que la Oficina de Gestión Judicial de un lugar en la agenda para imputar al senador, que –según la recomendación de su abogado José Luis Vázquez- es probable que no apele la decisión de la Cámara de Apelaciones que declaró inconstitucional el artículo regula los fueros. Vázquez usó los términos “fantochada”, “descalabro” y “estupor” para definir el nuevo cuadro judicial.
En diálogo con AIRE, Schiappa Pietra señaló que en la investigación de juego clandestino “se sumaron nuevas evidencias” contra el legislador de San Lorenzo.
Esta causa retoma impulso en un contexto agitado, en un conflicto de fondo entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Legislativo por las formas en que se controla el desempeño de los fiscales. Este jueves se suspendió la sesión en la que se iba a sancionar al fiscal Adrián Spelta, que logró posponer ese round tras presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe con la intención de que su caso llegue al máximo tribunal nacional.
El origen del conflicto es el planteo de inconstitucionalidad de la ley que determina que los fiscales y defensores públicos pueden ser sancionados por los legisladores. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró el pasado mes de junio que es constitucional la ley que otorga facultades a la Legislatura provincial para controlar la conducta de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
El avance de la causa de juego clandestino y una posible imputación de Traferri, como pretenden los investigadores, podría marcar una bisagra en este conflicto, ya que por primera vez, gracias al fallo del juez Mascali, un legislador en funciones podría ser acusado formalmente en una audiencia judicial. El interrogante es si las nuevas revelaciones de Ponce Asahad aportarán más pruebas de las que dicen tener los fiscales.
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