miércoles 21 de abril de 2021
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Vecinos de la Costa presentaron una denuncia penal por las obras en el Riacho Santa Fe 

Un grupo de vecinos presentó una denuncia ante la fiscalía federal por delitos de daño ambiental y usurpación de terreno. Apuntan al titular, Daniel Questa

Vecinos de la Costa de Santa Fe presentaron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, por los trabajos que comenzaron a realizarse en la zona del Riacho Santa Fe, a la bajada del Viaducto Oroño. Los denunciantes cuentan con el patrocinio de la Organización Tramas.

Marianela Galcino y Nube Taleb se refirieron a la denuncia por el móvil de Mariano Fusco en Ahora Vengo y detallaron que, con el movimiento de suelo y las diferentes tareas, concurren los delitos de daño ambiental y usurpación de terreno. En este sentido, los denunciantes responsabilizan directamente a quien posee la titularidad de los terrenos, el empresario arrocero de San Javier Daniel Questa.

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Los denunciantes reclaman en su presentación que se concrete el cese de las actividades en el terreno, que se retrotraiga al estado anterior y además que se impongan las penalidades de multa correspondiente.

En cuanto al impacto ambiental provocado por las tareas, las denunciantes enumeraron el daño por la tala de los árboles y además que se ha ganado terreno al riacho y se realizó movimiento de suelo en los pilotes del puente.

La entrevista con las denunciantes desde el móvil de Mariano Fusco

Movimiento ilegal de suelo

Durante los primeros días de febrero se detectó que habían comenzado a realizarse trabajos de movimiento de suelo en una extensión de tierra que abarca aproximadamente desde la bajada del Viaducto Oroño hasta el sector donde está ubicada la Fuente de la Cordialidad, a la vera de la ruta 168. En una nota del periodista Gastón Neffen se detalla que los funcionarios del Municipio y la Provincia constataron “grandes excavaciones”, “terraplenes de dos metros” y la “extracción de suelo” debajo del Puente Héroes de Malvinas, que conecta a la ciudad con el barrio de Alto Verde.

Los trabajos se paralizaron porque el dueño del predio no había presentado estudio de impacto hídrico y ambiental y no tenía autorización para realizar un movimiento de suelo en uno de los puntos más vulnerables de la ciudad cuando hay crecidas en la cuenca del río Paraná. Las retroexcavadoras, además, arrasaron con ejemplares de ceibo e ibirá pita, entre otros árboles, que llevaban décadas en la costa del riacho.

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Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe confirmaron a Aire Digital que el predio está considerado una vía de evacuación de crecidas y un área de almacenamiento (área II) en el artículo dos de la Ley 11.730 (Bienes zonas inundables - inundaciones). “No se puede hacer nada que obstruya, afecte o influya en el escurrimiento del agua”, aclaró Roberto Gioria, secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe.

El artículo 14, el que establece las prohibiciones del área II, textualmente dice: “No pueden realizarse obras, actividades, ni emprendimientos públicos o privados que impidan el escurrimiento natural de las aguas”.

En el Reglamento de Ordenamiento Urbano de Santa Fe (ROU), la ordenanza (11.748), el predio está definido como un espacio verde ribereño (EV2). El artículo 91 del ROU explica las características de estas zonas: “Incluye espacios libres de dominio público o privado, con instalaciones para usos no residenciales complementarios de tipo deportivo, recreativo y cultural, de acceso público, con agregados edilicios subordinados a las condiciones hídricas del sector”.

En el mapa del Registro de Ordenamiento Urbano (ROU) se puede ver que la franja delimitada por el puente, la Ruta Nacional 168, el riacho Santa Fe y el final de la zona de boliches está definida como EV2 (espacio verde ribereño).

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En definitiva, si el dueño presenta estudios de impacto hídrico y ambiental -este no fue el caso-, la Provincia y el Municipio pueden autorizar obras de tipo deportivo o recreativo en este tipo de predios siempre y cuando se cumpla con la condición de no afectar el escurrimiento del agua.

En la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia explican que cualquiera sea la finalidad del movimiento de suelo por las características de la zona es necesario solicitar autorización y presentar estudios de impacto ambiental e hídrico.

En el operativo del viernes, los funcionarios advirtieron que el movimiento de suelo también infringía la ordenanza 11.017 (regula los estudios de impacto ambiental) y una ley provincial más: la 13.740, la que rige la gestión de las aguas superficiales y subterráneas.

En tanto, a mediados de febrero, Daniel Questa brindó una entrevista exclusiva a Luis Mino en Ahora Vengo, donde admitió que no presentó los estudios de impacto ambiental e hídrico y contó el proyecto que evalúan para un lugar considerado inundable y espacio verde ribereño.

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