La técnica de exploración sísmica funciona con disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy potentes.
Varias organizaciones socioambientales presentaron una medida de amparo judicial contra el Estado nacional para pedir la detención inmediata de cualquier acción que implique la exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino, decidida por el Ejecutivo el último día hábil del año pasado, al considerar que existen “vulneración actual y daño potencial” de derechos con rango constitucional y convencional.
Para eso invocan derechos fundamentales afectados como el derecho a disfrutar de un “ambiente sano, equilibrado y apto para las generaciones futuras, de la participación ciudadana y de acceso a la información ambiental”. El amparo fue presentado por Greenpeace Argentina, Sufrider Argentina, la Asociación de Surf Argentina, la Fundación Patagonia Natural, la Organización MAR, la Kula Earth Association, la Asociación de Surfistas de Necochea, la Asociación de General Alvarado de Surf, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Ecos de Mar.
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La presentación judicial, entre sus argumentos para pedir la suspensión inmediata de las actividades de exploración petrolera, explica que los meses de verano han sido durante los últimos años el período durante el cual la exploración sísmica “se ha desarrollado en forma más intensa, con todos los impactos que ello produce sobre el ecosistema marino y el sector pesquero”.
También detalla que la técnica conocida como exploración sísmica funciona con disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy potentes, que provocan un impacto en una superficie de más de 300 mil kilómetros cuadrados (como toda la provincia de Buenos Aires). “Esta práctica es muy dañina para el mar argentino ya que impacta sobre su biodiversidad de manera sistémica” dice el escrito, que enumera que la sísmica “amenaza la vida de organismos de todos los tamaños, desde la base de la cadena trófica como el zooplancton hasta predadores tope como la orca”.
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“Puede comprometer la viabilidad de peces e invertebrados en la fase larval, así como también provocar desorientación, cambios de comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte a mamíferos y aves. Dentro de este grupo cabe destacar a la ballena franca austral, el delfín común, las orcas, los lobos marinos y los pingüinos de Magallanes, que cuentan con intereses de protección especiales a escala internacional".
El amparo recuerda una cuestión mayor: el anuncio del gobierno se da en medio de una crisis climática global sin precedentes repleta de evidencia científica sobre el papel de los combustibles fósiles en el calentamiento global. Por eso el proceso licitatorio de ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, además de sumar la potencialidad de producir derrames petroleros, “contradice y viola la legislación nacional e internacional y acuerdos internacionales en diversas materias ambientales, climáticas y de derechos humanos.
“Nuestro país es signatario de convenciones y acuerdos que tienen por objeto reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el sector hidrocarburífero en uno de los principales responsables a nivel global y nacional” recuerdan quienes firman el amparo. Es la propia legislación ambiental la que no permite abrir una nueva frontera de explotación petrolera en medio de la crisis climática actual.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lo argumentaron con claridad: la extracción offshore “no puede contradecir la normativa ambiental del país”. Ni la Ley General del Ambiente, “que establece el principio precautorio -que debería ser aplicado en este caso, dado el altísimo nivel de incertidumbre sobre los potenciales daños en la fauna marina que la actividad produce”; ni la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental “ que garantiza el derecho de toda la población a acceder a toda la información disponible sobre los proyectos y sus impactos”; ni las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Escazú que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales. “En el proceso de consulta vinculado a este proyecto, muchas de estas cuestiones fueron ignoradas” dijeron desde esa organización.
En relación a uno de los argumentos que el Ejecutivo nacional esgrimió a favor de la explotación off shore de petróleo, como el de la generación de empleos, desde la FARN señalaron que la experiencia de este tipo de actividad en otros países del sur indica que “estos proyectos suelen crear empleos de corto plazo y para especialistas técnicos que no son locales, por lo que sus ventajas son mínimas”.
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“Países que vieron agravado su balance cambiario y de deuda en los últimos años (como Argentina) son especialmente propensos a proyectos extractivos que prometen divisas. La realidad es que, en muchos casos, las costosas inversiones en tecnologías importadas para llevar a cabo los proyectos terminan empeorando la situación”, puntualizaron los especialistas de esa organización.
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